Los concejales Graciela Bar, Pablo Rivero, Isa Castagnino Xavier, Claudio Bejarán y Nelly Amilibia presentaron este lunes una denuncia formal ante la Unidad Fiscal de Victoria por la utilización de fondos del Estado para pagar abogados particulares a cuatro funcionarios imputados en una causa penal, uno de los cuales renunció en marzo último.
En el escrito, señalan que “estaríamos en presencia de Delitos contra la Administración Pública, previstos en sus Arts. 248 “Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos” y Art. Nº 260 “Malversación de causales Públicos” del Código penal y/o del que la investigación penal resultare, y conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Municipios estaríamos en presencia de actos que importan una transgresión o una omisión de sus deberes que pueden causar daños y perjuicios al Municipio. Art. 115 Ley N º10.027, texto modificado por la Ley nº 10.082″.
El 20 de marzo último, Maiocco firmó el decreto N° 377 a través del cual dispuso que la Municipalidad de Victoria “se hará cargo de los honorarios profesionales que sean regulados con motivo de las defensas técnicas de las personas que a continuación se mencionan, en la causa por la cual la Unidad Fiscal de Victoria, a cargo del Dr. Gamal Taleb, ha imputado a los mencionados por el supuesto delito de daños como derivación de hechos ocurridos en la Planta Potabilizadora los días 31/12/17 y 01/01/18, cuando se produjo una fuga de gas cloro, a saber:
* César Horacio Zuccotti, D.N.I. N° 08.589.119;
* Cáceres, César Ramón – DNI N° 25.445.642 – Legajo N° 1167;
* Jaimes, Sergio Gustavo – DNI N° 17.167.416 – Legajo N° 532;
* Mansilla, Claudio Daniel – DNI N° 27.426.221 – Legajo N° 696.”
Los concejales de la oposición advirtieron que el decreto “hace referencia a un ex funcionario municipal imputado en la causa, que a la fecha, según nuestro conocimiento, no tendría vinculación alguna con el Municipio de Victoria”. Se trata del exdirector de Planeamiento, César Zucotti.
Al respecto, indicaron que “esta orden, mediante Decreto, podría acarrear responsabilidad penal a sus firmantes ya que ordena el pago de honorarios profesionales a abogados particulares, cuando es de conocimiento público que la Municipalidad de Victoria cuenta con un Asesor Letrado designado por el Presidente Municipal para afrontar dichas tareas, y es por ello que solicitamos a esta Fiscalía en turno su investigación”.
Los honorarios que paga la Municipalidad de Victoria es por los servicios que prestaron como defensores de los cuatro imputados los abogados Juan Brasesco, Pablo Marchese y Nicolás Firpo.
Los cuatro funcionarios de la administración de Victoria fueron imputados en la investigación penal preparatoria por el fiscal Gamal Taleb, luego del escándalo que se produjera el último día de 2017 cuando un grupo de operarios de la planta potabilizadora de agua resolvió volcar a las aguas del río Paraná una garrafa con gas de cloro. El vuelco de ese material contaminante produjo la intoxicación de tres pescadores, que debieron ser internados en el Hospital Fermín Salaberry, de Victoria.
Enterado del incidente, el fiscal Taleb decidió abrir una investigación de oficio. A finales de febrero último, recibió la testimonial de 13 empleados municipales que se desempeñan en la planta potabilizadora en procura de determinar responsables por el vuelco de una garrafa con gas cloro a las aguas del río Paraná, lo que produjo la contaminación de tres personas, que debieron ser hospitalizadas, hecho que ocurrió el último día de diciembre de 2017.
