El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11 a cargo de Julián Ercolini, Secretaría Nº 22 de María Laura Charnis, ordenó un total 33 allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Misiones y Entre Ríos, donde se logró secuestrar gran cantidad de documentación de interés vinculada a la causa.
Los fundos públicos enviados a estas cooperativas totalizaban 5 mil millones de pesos y estaban destinados a la confección de un millón y medio de guardapolvos. No obstante, se estableció que en varios casos no se había efectuado la compra de materia prima para la confección y entrega de la indumentaria escolar en cuestión.
La investigación fue impulsada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6 a cargo de Carlos Rívolo y encomendada a la División Lavados de Activos, tras detectar que la mayoría de las cooperativas beneficiadas no poseía capacidad operativa, recursos humanos, logística, ni espacio edilicio para la fabricación de las prendas.
Los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor, en actuaciones caratuladas “Defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
