El trámite quedó a mitad de camino, y entonces se reprogramó para este martes 15. Pero en medio ocurrió un problema de salud con el defensor de Erro, Miguel Cullen, que presentó un pedido de licencia ante el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos desde el 14 de este mes y hasta el 5 de diciembre. Así pues, la nueva fecha para el abreviado es el martes 6 de diciembre.
Son cuatro investigaciones penales que no solo alcanzan al exjefe comunal de Gualeguay sino a algunos de sus exfuncionarios de su gestión.
La denominada “causa de la espuma” se abrió a partir de una denuncia formulada en febrero de 2013 por el exintendente local Héctor Jaime, que fue funcionario de Cambiemos de Gualeguay de Anses hasta diciembre de 2019.
En los primeros trazos del abreviado, en esa causa Erro admitiría su responsabilidad en la irregularidad, y aceptaría una condena condicional de menos de dos años más la reparación económica al Estado. También el exsecretario Dunat tendría igual tratamiento. En tanto, la comerciante que proveyó la espuma para el carnaval de Gualeguay accede a probation por cuanto no es funcionaria pública. Los otros dos funcionarios, Iturbe y Figueroa, se acordó que al haber tenido funciones en otras áreas se los absuelve por cuanto no tenían competencia en el tema.
No obstante, la audiencia del jueves 10 no se pudo avanzar más allá del tratamiento de la primera de las tres causas por cuanto se produjo un corte de luz -estalló un transformador- y por eso la audiencia se reiniciará este martes 15, a las 9,30, en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay. Aunque la fecha está condicionado a que el defensor de Erro, Miguel Cullen, pueda asistir por cuanto tiene cuestiones particulares que podrían impedir su presencia.
En el reinicio del tratamiento del abreviado, se comenzará a ventilar una segunda investigación penal, la nombrada en forma corriente como “la de las luminarias”.
Esa causa se inició a instancias de una denuncia formulada por el fallecido intendente de Gualeguay, Federico Bogdan (UCR-Juntos por el Cambio). El dirigente denunció irregularidades en la obra de mejoramiento del alumbrado público. La empresa que fue beneficiada con la contratación fue la firma Radio Lux.
La causa avanzó, y se imputó los supuestos delitos de falsificación de documentos públicos y defraudación al Estado en los procesos administrativos de la obra, que fue financiada por el programa nacional Más Cerca, en 2014. Entonces, el municipio recibió $1,4 millones para la iluminación de los bulevares Arturo Illia y San Juan. Según la acusación, parte del dinero fue utilizado para otros proyectos, desviando los fondos que tenían un destino exclusivo.
La tercera investigación penal, “la causa de los cheques”, tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal de Entre Ríos, porque es anterior a 2014. Se trata de una investigación por el presunto delito de peculado e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La causa se originó por una denuncia del propio tesorero municipal, Rodolfo Estapé, sobre la existencia de cuatro cheques de $2.500 cada uno que fueron recibidos por el Ejecutivo en diciembre de 2009, en el marco de los carnavales 2010, de los cuales solo recibió fotocopias. El dinero de los cheques fue repuesto por el Ejecutivo luego de la denuncia del tesorero, quien fue removido del cargo.
Una cuarta causa salpica a la administración Erro aunque el exintendente no está imputado. Se trata de la construcción de un grupo de 80 viviendas.
En el marco de ese caso, en febrero de este año el juez de Garantías de Gualeguay, Esteban Sebastián Elal, condenó en un juicio abreviado al arquitecto Hugo Federico Gotusso a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer como funcionario público, más la obligación de realizar 80 horas de prestación de servicios de asesoramiento a la Municipalidad de Gualeguay en materia de obras públicas y proyectos comunitarios, en el área de la Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Planificación, al hallarlo responsable del delito de administración infiel agravada por tratarse de un fraude a la Administración Pública.
¿Cómo ocurrió el delito del arquitecto Gotusso?
Fue mediante el mismo modus operandi que en la multimillonaria causa de los contratos truchos en la Legislatura: un empleado precarizado firmaba un contrato para la realización de una obra y acordaba una remuneración que siempre era mayor a la que efectivamente luego percibía. La diferencia quedaba en poder de Gotusso, y también de quien actuaba con él, Silvio Oscar Carballo, que ejerció el cargo de director de Hacienda en la gestión del exintendente Luis Erro, entre 2011 y 2015.
