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Al cumplirse tres años de la denuncia por irregularidades en el hospital San Roque de la ciudad de Villa Elisa, la querellante en la causa, Clarisa Marano Roude, emitió un comunicado titulado “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía” (Seneca).

Hija de un paciente internado con coronavirus por el cual intentaron cobrarle el oxígeno, el 27 de mayo de 2021 fue a la justicia junto a la jefa de Enfermería del nosocomio y a la encargada del hogar de ancianos de la institución, la licenciada Sandra Giovenale y la médica Analía Fernández, respectivamente.

“En estos tres años nos caímos y levantamos más de una vez: sufrimos la irreparable pérdida de Analía, hicimos un acto en la plaza pidiendo justicia, vendimos masas para pagar honorarios a uno de los abogados de la imputada (a raíz de un planteo que hicimos que nos fue rechazado), fuimos recibidas por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y tuvimos que soportar ser llamadas ‘fabuladoras’ por uno de los defensores”, repasó, en el escrito remitido a El Entre Ríos.

Pese a las dificultades descriptas, “siempre seguimos de cerca la causa judicial para que no cayera en el olvido y llegar a la instancia que nos encontramos hoy: el pedido de juicio”, enfatizó la abogada.

“Todo lo que conseguimos hasta ahora no hubiese sido posible sin el apoyo que todos los días recibimos de aquellas personas -muchas de las cuales fueron afectadas por los hechos que se imputaron a la exadministradora- que fueron al acto en la plaza, que nos donaron masas y que siguen preguntando en la calle o por WhatsApp qué se sabe de la causa”, reconoció.

“Somos conscientes de que sin convicción y perseverancia, no estaríamos en esta instancia”, concluyó luego.
60 hechos, varios delitos
Con fecha 26 de diciembre de 2023, la Unidad Fiscal de Colón -representada por Juan Sebastián Blanc y María Noelia Batto- decidió elevar a juicio oral y público la causa del hospital de Villa Elisa.

El requerimiento implicaría llevar al banquillo de los acusados a la entonces administradora, Claudia Lorena Lugrín, a quien le endilgan los delitos de “PECULADO -1° Hecho-; EXACCIONES ILEGALES SIMPLES Y AGRAVADAS POR CONCUSIÓN -2° a 48° y 51° a 59° Hechos-; EXACCIONES ILEGALES SIMPLES -49° y 50° Hechos- y ACEPTACIÓN ILEGAL DE CARGO PÚBLICO -60° Hecho-”.

Con el avance de la investigación penal preparatoria y las evidencias aportadas, la funcionaria fue imputada por la Fiscalía el 27 de abril de 2022 en calidad de autora material de ilícitos presuntamente cometidos entre los meses de enero de 2020 y mayo de 2021, en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia.

En ese corte temporal que realizó el Ministerio Público Fiscal para avanzar con el proceso, se calcula que percibió 1.390.884,00 pesos de parte de residentes del geriátrico, de los cuales no registró contablemente ni depositó en la cuenta bancaria del efector un total de 1.030.224,00.

En caso de llegar a la instancia de juicio, la Fiscalía solicitaría una condena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, conforme lo previsto en el Código Penal y la valoración de la prueba a exponer.
Entre el juicio oral y un acuerdo de partes
Para la parte querellante, “la sed de justicia sigue latente” tres años después de haber radicado la denuncia penal.

“A fines del año pasado, la Fiscalía solicitó que la causa vaya a juicio, pero el tratamiento de este pedido se retrasó a raíz del cambio de representación que hizo la acusada”, recordaron, apuntando que la doctora Constanza Bonazzola “es la cuarta abogada que interviene en su defensa”.

El 17 de abril se realizó una audiencia en los tribunales de Colón para dar tratamiento a la remisión a juicio, pero la cita se suspendió “ya que se trata de una causa judicial con muchísimos hechos imputados y abultada prueba, lo que exige mucho tiempo para su tratamiento”, contemplaron.

Además, “porque se estaría llegando a un acuerdo de juicio abreviado entre la Fiscalía, la querella y la defensa, lo que implicaría que Lugrín reconozca su participación y responsabilidad penal”, confirmó Marano Roude, quien es asistida por el abogado Martín Jáuregui.

La audiencia se retomaría el próximo 4 de junio a las 10 para “llevar la causa a juicio” o bien “dar tratamiento al acuerdo entre las partes, en donde Lugrín se declararía culpable de los hechos imputados”, anticiparon.

De cualquiera de las dos maneras, “somos muchos los que esperamos que sea un caso ejemplificador”.
Fuente: El Entre Ríos

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