Las defensas de los Tórtul formularon sendos incidentes de excarcelación ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que fue resuelto en su favor por los jueces Marcos Morán, Marcelo Fernández y Juan Pablo Salas.
Puntualmente, los defensores Juan Félix Marteau y Alejandro Bisbal plantearon la nulidad de la investigación y consiguieron que la cámara le ordenara a la magistrada que analice el incidente de nulidad que se abrió a raíz del planteo.
La acción de los abogados derivó en que las excarcelaciones se hagan extensivas al resto de los imputados.
Según trascendió de fuentes cercanas al expediente, hubo fuertes cuestionamientos a la investigación interna llevada adelante por Securitas, que dio origen a la causa penal.
Cabe recordar que los empresarios fueron procesados con prisión preventiva en mayo por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, acusados de ser organizadores de una presunta asociación ilícita, coautores de cohecho activo y partícipes necesarios de negociaciones incompatibles con la función pública.
Los camaristas ponderaron que la causa y los numerosos incidentes que la componen constituyen una investigación de singular envergadura, con múltiples eventos y actores intervinientes. También mencionaron la existencia de gran cantidad de medidas de prueba pendientes de producción.
Ante lo que vaticinan será una instrucción prolongada en el tiempo y que no está cerca la culminación de la pesquisa, el tribunal analizó las medidas de coerción.
Los magistrados se detuvieron en los riesgos procesales argumentados por Arroyo Salgado en el procesamiento de mayo. La jueza había considerado que los hermanos Tórtul tenían que estar con prisión preventiva por su calidad de empresarios del rubro de la seguridad “con importantes medios económicos y aceitados vínculos con personal militar y de fuerzas de seguridad”.
También mensuró que los medios a su alcance podían configurar peligros procesales. “Desde la óptica del riesgo de fuga existen elementos objetivos para considerar que poseen amplias facultades para abandonar el país o permanecer ocultos”, sostuvo.
Además, aludió a la posibilidad de entorpecimiento e influencia sobre testigos, dado que muchos implicados fueron o son sus subordinados.
Los camaristas analizaron cada punto. “En lo que respecta a la posible obstrucción de la investigación, no hay pautas demostrativas de que la etapa instructoria que transita el legajo pueda ser comprometida a partir de una maliciosa injerencia”, sostuvieron.
Para los jueces, los indicadores precisados al respecto por Arroyo Salgado “no lucen claros y determinantes”. Añadieron que “si bien la magistrada indicó como posibilidad cierta que el encausado interfiriera en aquellos testimonios que podrían recepcionarse, tal cuestión luce conjetural y no recibe apoyo de otra circunstancia que le brinde asidero”.
Más adelante, desestimaron “la mera circunstancia de haber mantenido vínculo a partir de la actividad comercial desplegada con diversas fuerzas de seguridad” y consideraron que no alcanza de por sí para aventurar una connivencia “para garantizar su sustracción de la autoridad jurisdiccional”.
“En todos estos años no se constató o verificó ninguna pauta objetiva que torne razonable y atendible dicha formulación”, remarcaron.
Los jueces ponderaron también que los delitos de que se acusa a los Tórtul no son violentos y resaltaron sus condiciones de arraigo “suficientes para neutralizar el peligro de fuga”. También consideraron que los empresarios fueron detenidos en sus domicilios sin que mostraran intención alguna de profugarse y que, incluso, entregaron teléfonos y claves voluntariamente.
Más adelante, el tribunal determinó imponer medidas de coerción menos gravosas que la prisión preventiva y dispuso la exigencia de una caución real “cuyo monto deberá ser prudencialmente fijado” por Arroyo Salgado.
La caución fue fijada por la magistrada y, aunque no trascendieron detalles, se pudo saber que los hermanos Tórtul cumplimentarían ese trámite en las próximas horas. Si bien había circulado que en razón de los embargos millonarios que pesan sobre ellos habrían tenido que acudir a allegados, luego se supo que los empresarios están avanzando sin recurrir a fiadores.
El tribunal también les impuso la obligación de comparecer mensualmente ante el juzgado, la prohibición de salir del país y la entrega de sus pasaportes.
En esta horas se definirá, además, la situación procesal de Daniel Carbonell, socio de los Tórtul en la empresa Tornell SA, actualmente a cargo de la seguridad de Enersa. El plazo vencía el lunes, pero se habría extendido en razón del feriado del 9 de Julio.
