En un fallo de más de 1600 páginas, la Sala IV de Casación también confirmó las condenas de Báez (6 años de prisión), del exsecretario de Obras Públicas José López (6 años), del extitular de Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años), de Juan Carlos Villafañe (5 años), de Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), de José Raúl Santibañez (4 años), de Mauricio Collareda (4 años) y de Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses).
También ratificó las absoluciones del exministro de Planificación Federal y del exsubsecretario de Obras Públicas, Julio De Vido y Abel Fatala, respectivamente.
Casación dio a conocer el fallo en una audiencia pública que se hizo en los tribunales de Comodoro Py en la que se leyó la decisión. La condena a Fernández de Kirchner fue confirmada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, mientras que Gustavo Hornos votó por sumarle a la exmandataria el delito de “Asociación ilícita” como había pedido la Fiscalía.
El fallo no tendrá efectos concretos porque puede ser apelado por todas las partes para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para eso, tienen 10 días hábiles. Será el máximo tribunal el encargado de resolver el expediente y, si ratifica la decisión de Casación, quedará firme y en condiciones de ejecutarse, pero la Corte no tiene plazos para resolver.
Los hechos juzgados remiten a la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, en cuyo marco tuvo lugar una notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional.
Se pudo comprobar que durante ese período las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas a Báez, cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción. Aquellos procesos fueron llevados a cabo, en su mayoría, por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), en virtud de facultades delegadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y, ocasionalmente, por este último organismo en forma directa. Los imputados Nelson Guillermo Periotti, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez, exfuncionarios de las agencias viales referidas, operaron convalidando irregularidades en el marco del desarrollo de las licitaciones y la ejecución de las obras. También se responsabilizó a José Francisco López, quien se desempeñó como secretario de Obras Públicas.
Asimismo, se demostró un conjunto de actos de gobierno del Poder Ejecutivo Nacional con la finalidad de concretar la ejecución de la maniobra, reafirmando el funcionamiento del circuito de irregularidades. En esa lógica, se destacó la suscripción por parte de la por entonces presidenta de la Nación del decreto PEN Nº 54/09 -con la previa intervención de José Francisco López, quien desde la Secretaría de Obras Públicas sugirió la medida-, decreto que permitió a la Dirección Nacional de Vialidad -a cargo de Nelson Periotti- financiar directamente las obras viales que se le adjudicaban irregularmente a Báez.
El perjuicio económico a la administración pública ocasionado por el delito se pudo determinar en aproximadamente 84.000 millones de pesos, la misma cifra que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal homologó un decomiso.
