Asimismo, las ONG buscan conocer si el detenido “puede conocer el hecho que se le atribuye en un todo, de acuerdo con lo establecido por la CIDH en el caso ‘Tiu Tojin’”, es decir “si hubo intervención de traductor oficial y si esa traducción fue lo suficientemente técnica para que el encausado conozca efectivamente el delito que se le enrostra y los derechos que le asisten”.
En igual sentido, preguntan si la defensa técnica “puede desarrollarse con los estándares mínimos de derechos humanos, constitucionales y convencionales”. “No queremos dejar de sentar la honda preocupación que genera la detención preventiva de una persona de presunto origen iraní a la que por ese solo hecho se la pretende estigmatizar desde sectores políticos y mediáticos vinculándolo con el terrorismo internacional, por lo que surge necesario resolver en el menor plazo posible si situación procesal”, le hacen saber al magistrado.
A partir de estos planteos, los firmantes requieren “se garanticen todas las garantías del debido proceso, reforzando en particular el derecho efectivo de defensa” y “se respeten el principio de inocencia, el principio de congruencia entre el delito que se le enrostra y cualquier otra vinculación externa que nada tenga que ver con el delito primigenio”.
“Solicitamos que la medida preventiva privativa de la libertad sea lo más breve posible y fije un plazo razonable para la misma”, concluyen.
