En efecto, la vecina provincia recurrió a la Corte para que el Estado nacional le pague 25.500 millones de pesos, que es lo que entiende que le adeuda en virtud de los intereses por ajustes de las compensaciones dispuestas en 2019 y 2021, y las de 2022 y 2023.
Estas cifras corresponden por no abonar en tiempo y forma las obligaciones asumidas por el Consenso Fiscal firmado el 27 de diciembre de 2021, el que estableció un marco definitivo respecto de cuestiones tributarias que fueran primero suspendidas y luego prorrogadas.
La Corte envió el caso a la Procuración, que opinó que el asunto es de competencia originaria del máximo tribunal.
