Se trata de un proyecto de ordenanza elevado al cuerpo por el Poder Ejecutivo, encabezado por el intendente Enrique Tomás Cresto, que dispone la rescisión del contrato de concesión de los galpones del puerto, que en el año 2015 firmó el entonces intendente Gustavo Bordet en favor de la Sociedad Anónima Puerto Príncipe.
La firma fue confeccionada pura y exclusivamente para presentarse a la licitación que convocó la gestión municipal de Bordet, respaldada en una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de entonces. La sociedad anónima, creada para hacer pie en un espacio público estratégico de la capital del citrus como lo es su puerto, reunió a varios pesos pesados del empresariado entrerriano, proclives a hacer negocios con el Estado: Miguel Marizza, presidente de la constructora Caballi SA; Néstor Iván Szczech; OIC SA, dedicada al tendido de fibra óptica, uno de cuyos accionistas, Daniel Aníbal Hereñú fue inicialmente presidente de Puerto Príncipe SA.
La "carátula" del expediente que ingresó al HCD proveniente del Ejecutivo resume lo medular de la iniciativa: "sobre rescisión contrato de concesión de dos predios en Costanera Central".
El primer artículo de la parte resolutiva expresa: "Disponer la rescisión del Contrato de Concesión suscripto con fecha 7 de octubre de 2015 en el marco de la Licitación Pública N° 44/2015 'Concesión de Uso y Explotación de Dos predios (Galpones y Áreas de Explanadas) situados en la costanera de Concordia para el desarrollo de la Actividad como Conjunto de Gastronomía, Espectáculos Públicos y Guardería Náutica' (...) por incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula cuarta Objeto Principal y Servicios Complementarios 1) Guardería Náutica, Galpón N° 1, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente".
De no sufrir el proyecto modificaciones importantes en su redacción, el municipio se apresta a dar por terminada la relación contractual en su totalidad, esgrimiendo como justificación los incumplimientos en que incurrió la empresa de Miguel Marizza, al no haber desarrollado en el Galpón 1 lo que estaba pactado: gastronomía, guardería náutica y espectáculos.
El concejal Alberto Armanazqui, además de adelantar el respaldo del bloque oficialista a la iniciativa del intendente, precisó a El Entre Ríos que Puerto Príncipe también adeudaría declaraciones juradas de la Tasa Comercial desde 2018 y que este incumplimiento sería agregado a las causales de rescisión. Es más, dejó entrever que podría haber pagos pendientes en concepto de canon, aunque aclaró que aún no accedió a la documentación probatoria.
Armanazqui no dudó en que el proyecto hace caer la totalidad de la concesión, de manera tal que la comuna recuperará tanto el galpón donde actualmente funciona la disco B612 como el restante.
El presidente de la bancada oficialista no consideró probable que tras la rescisión del actual contrato pudiera firmarse uno nuevo que permita dar continuidad al boliche bailable. “Hasta donde sé, la idea es que el municipio vuelva a disponer de ambos galpones”, respondió ante una consulta puntual de El Entre Ríos.
Crónica de una ruptura anunciada
Ya en el año 2016, en los comienzos de la gestión de Enrique Cresto, el EMCONTUR (Ente Mixto Concordiense de Turismo) había denunciado incumplimientos de Puerto Príncipe, especialmente en lo referido a la presentación del cronograma de obras y el pago del canon. La empresa salió del paso justificando las demoras por la inundación que a fin de 2015 afectó a la ciudad y en especial al Puerto. La cuestión se zanjó con una nota intimándola a que presente el plan de trabajo y que se ponga al día con los pagos. De esta manera, la sangre no llegó al río y meses después el boliche bailable comenzó a funcionar, habilitado por la comuna.Pero en diciembre de 2017 la relaciones entre la comuna y Puerto Príncipe volvieron a tensarse. José Cañete, desde la jefatura administrativa de la Unidad Coordinación y Control de Gestión de la Municipalidad hizo notar a la Dirección de Asuntos Jurídicos que en el galpón 1 la firma no había llevado adelante ninguna de las obras comprometidas. ¿Cómo constató el incumplimiento? Fue en oportunidad en que el concesionario le "prestó" el lugar a la municipalidad para llevar adelante la Expo Navidad.
El paso siguiente fue la confección de un "acta de constatación" del incumplimiento "parcial" de contrato y el envío de intimaciones al concesionario.
A fines de 2018, el intendente Enrique Tomás Cresto, dio un paso más. Invocando el estado de "abandono" en que se encontraba el Galpón 1, autorizó al Ente de Gestión de Costanera a "realizar (en ese lugar) las reformas estructurales para el cumplimiento de sus objetivos", a la par que notificó a Puerto Príncipe de que debía presentarse dentro de un plazo de 48 horas para tomar conocimiento del acta de constatación del incumplimiento parcial del contrato "bajo apercibimiento de dar por rescindida la concesión ".
Medio año después, y habiendo dejado atrás las elecciones, el conflicto reaparece, esta vez mediante un proyecto de ordenanza del Poder Ejecutivo en el que dispone hacer caer la concesión a la firma de Miguel Marizza, cuatro años después de aquel proceso licitatorio que derivara en la firma del contrato de adjudicación del predio portuario por parte del entonces intendente Gustavo Bordet, cuando transitaba el último tramo de su gestión municipal antes de asumir la gobernación de Entre Ríos.
"Aparecés con una inversión y resulta que sos un degenerado"
La frase salió de boca del empresario Miguel Marizza, allá por diciembre de 2016, cuando fuera entrevistado para El Entre Ríos por el periodista Oscar Londero.En aquel diálogo, el constructor negó que su desembarco en el puerto concordiense fuera un negocio espurio y sostuvo que fue la gestión Bordet la que buscó a los empresarios para que invirtieran en el lugar.
"Para mí esto es un deja vu", expresó Marizza, en relación a las críticas que recibió, ya que recordó haber sido blanco de comentarios semejantes cuando se hizo cargo de las termas de Concordia, hacia mediados de los años '90.
En la entrevista, Miguel Marizza contó que desde la gestión municipal de Cresto le habían transmitido que no tenían interés en el funcionamiento de una guardería náutica en el puerto y que por esa razón Puerto Príncipe propuso una revisión del contrato. "Nosotros presentamos los planos -explicó el empresario-, los seguros y el plan de inversiones por todo el proyecto que se pidió en el llamado a licitación. Eso quiero que quede claro: el Emcontur tenía la idea de crear un polo gastronómico en un galpón que está al lado del que nosotros vamos a destinar para el comedor y el boliche bailable".
-¿Y qué dijeron ustedes?, preguntó El Entre Ríos.
-Que no teníamos problema, incluso de que nos quitaran un galpón. Y que estábamos dispuestos a seguir pagando el canon de 30.000 pesos mensuales, un monto que se actualiza porque se toman unidades fiscales que van variando con el tiempo. Hasta ahí es como sucedió todo, más no puedo decir. Por eso seguimos construyendo la discoteca, que se va a llamar B 612 en homenaje a El principito, de (Antoine) Saint Exupery, y va a ser la más grande que va a tener la región. Pero por lejos.
Tres años después de aquella entrevista, el divorcio parece inevitable y total. Concordia le quitaría a la sociedad anónima la concesión de los galpones del puerto, decisión que en cuestión de horas o de días sería aprobada por el Concejo Deliberante.
