En calidad de familiar de un paciente con COVID-19, dio testimonio acerca de la denuncia presentada en mayo del año pasado por presuntos cobros ilegales de parte de la administración del Hospital San Roque de la ciudad de Villa Elisa (Departamento Colón). Durante la audiencia, la abogada elisense interiorizó a la máxima autoridad del Poder Judicial de la provincia acerca de supuestas irregularidades en la Investigación Penal Preparatoria que lleva adelante la Unidad Fiscal de Colón, tras haber radicado la denuncia junto a la jefa de Enfermería y a la entonces encargada del hogar de ancianos del nosocomio, Sandra Giovenale y Analía Fernández.
“La Fiscalía siempre fue hostil conmigo”, fue la frase que resaltó el Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de las declaraciones de Marano Roude, quien se quejó ante la doctora Medina por “dilaciones en la investigación” y “presunta pérdida de pruebas”, tal como había sostenido ante El Entre Ríos meses atrás. Con serios cuestionamientos al Ministerio Público Fiscal y al fiscal coordinador de Concepción del Uruguay y Colón, Fernando Lombardi, quien había rechazado de plano una presentación suya, la denunciante anticipó que acudirá nuevamente en queja ante la Procuración y que además impondrá del asunto al pleno del alto cuerpo.
De acuerdo a sus declaraciones, idéntica contestación obtuvo en ese entonces del procurador general, Jorge García, quien oficia de jefe de los fiscales de toda la provincia, cuestionando no haber recibido una respuesta debidamente fundada de su parte.
Dos investigaciones en marcha
A un año de iniciada la Investigación Penal Preparatoria, la única imputada por la Unidad Fiscal de Colón es Claudia Lugrín, quien se desempeñaba como administradora del hospital de Villa Elisa.“PECULADO, EXACCIONES ILEGALES SIMPLES Y AGRAVADAS POR CONCUSIÓN –58 Hechos–, y NOMBRAMIENTO ILEGAL DE FUNCIONARIO PÚBLICO”, son los delitos que se le atribuyen (todos imputados en concurso real, en calidad de autora material, presuntamente cometidos entre los meses de enero de 2020 y mayo de 2021, aproximadamente). En tanto, una hermana y una sobrina de la exadministradora -se trata de Lourdes Lugrín y Mariana Mena-, que cumplen funciones en la misma área, fueron citadas a nombrar abogado defensor, dado que desde Fiscalía entendieron que podrían llegar a tener algún tipo de responsabilidad en lo que se está investigando.
La misma suerte corre quien ejercía la dirección del nosocomio, la médica Graciela Ingold: sin estar aún imputada, debió designar abogado. Si bien había presentado la renuncia un año antes, su dimisión al cargo fue aceptada pocos días después de que se radicara la denuncia, justo antes de que la misma saliera a la luz. Previamente, y como resultado de un informe de auditoría contable, el área de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud instruyó una información sumaria sobre las hermanas Claudia y Lourdes Lugrín, trámite que ingresó el 15 de marzo pasado a la Dirección de Sumario de la provincia, dependiente de la Fiscalía de Estado.
