Detalles de las demandas
La propietaria había iniciado dos demandas judiciales. Una, caratulada “Obaid Silvia Amelia c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Ordinario Daños y Perjuicios” (Expte. N° 20.661), que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 8 de Paraná; y otro, “Obaid Silvia Amelia c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Ordinario Cobro de Pesos” (Expte. N° 20.146), que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 de Paraná.En la primera demanda la dueña del edificio que ocupó el Estado reclama por el contrato de alquiler firmado el 27 de julio de 2017 y que a su finalización, el Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades continuó ocupándolo hasta el 31 de marzo de 2021
Según el decreto Nº 554, publicado este lunes 17 de julio en el Boletín Oficial, «luego de una larga negociación, la propietaria aceptó el pago de la suma de $3.299.240,31, comprensivo de capital e intereses debidos por la ocupación del bien». En el análisis de la Fiscalía de Estado, que comandó la negociación, «dicha suma es sustancialmente menor no solo respecto al monto reclamado inicialmente, sino también -presumiblemente y según refirió Fiscalía de Estado en función de su experiencia en litigios- a la posible condena judicial a dictarse en caso de continuar con el pleito».
En el otro pleito judicial, una demanda por daños y perjuicios, «se dio intervención a la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones de la Provincia de Entre Ríos, quien deslindó objetivamente los deterioros atribuibles a motivos edilicios (o estructurales) de aquellos relacionados a deberes de mantenimiento por parte del Instituto provincial otrora inquilino» y por lo tanto se negoció un acuerdo que supuso el pago por parte del Estado a la dueña de una suma de $1.952.119,55, «que significa prácticamente la mitad de la suma inicialmente reclamada», señala el decreto.
En la tramitación, y según estableció la Fiscalía de Estado en su dictamen, «la eficacia de esta clase de convenios está subordinada al arribo de una solución expedita y sin dilaciones, que no desgaste a las partes interesadas; y tal razón llevó a suscribir el acuerdo en fecha 10/01/2023 en el cabal convencimiento de su oportunidad y conveniencia, todo bajo reserva expresa y condición suspensiva de que sea ratificado por este Poder Ejecutivo una vez transitado el sendero administrativo de rigor». Y efectivamente, «en resguardo del erario y ad referéndum del Poder Ejecutivo, la Fiscalía de Estado suscribió un acuerdo global de pago por la suma total de $5.251.359,86, por alquileres impagos, gastos, daños y perjuicios e intereses, lo cual fue aceptado por la reclamante».
Pero los gastos a cargo del Estado no terminaron ahí: la Provincia asumió los honorarios del abogado de la demandante, Julián Blas Krause, por el 10% del monto acordado, «arrojando la suma de $525.135,99». Además, «la Provincia asume el pago de los honorarios profesionales de la mediadora interviniente en la etapa prejudicial equivalentes al 4% del monto acordado, lo que arroja la suma de $210.054,39).
Aunque además «se acordó integrar la diferencia del arancel de mediación, que asciende a la suma de pesos $14.254,08), en concepto de costas de la mediación».
Más una cláusula gatillo. Así lo indica el decreto del Poder Ejecutivo: que «atento el proceso inflacionario actual, se acordó abonar el 5% mensual acumulativo sobre el capital y sobre los honorarios profesionales, contados desde la suscripción del convenio (10/1/2023) y hasta su efectivo pago».
