Se trata de la postergación de los mecanismos de indexación mensual que había definido la Secretaría de Energía, conducida por Eduardo Rodríguez Chirillo, para evitar un retraso en términos reales de los ingresos de las empresas distribuidoras y transportistas. Los mismo sucederá con la actualización del impuesto a los combustibles (ICL), con un impacto del 8% que se evaluaba dividir en dos tramos tal como había adelantado este medio, pero ahora no se hará efectiva.
Esta noche, el Gobierno confirmó que publicará un Decreto en el Boletín Oficial, a través del cual se diferirá la fecha en la que tendrá efecto la actualización “correspondiente al cuarto trimestre de 2023 de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, al 1° de junio de 2024″.
n el caso de las tarifas de energía, el Enre y el Enargas aún no publicaron los cuadros tarifarios correspondientes al mes que inicia este miércoles. Fuentes oficiales comentaron a este medio que se evalúa la magnitud de las subas y cómo pueden aplicarse, tras los fuertes aumentos del 200% en electricidad y mayores al 300% en gas a los que se sumaron el agua (209%) además el transporte público (410%) durante el primer cuatrimestre.
“Se va a hacer, solo que puede demorarse un poco”, comentaron desde la Secretaría de Energía a este medio.
En el sector fueron informados de cuál es lo que les corresponde aumentar, en base a las fórmulas polinómicas que se definieron tras las últimas actualizaciones de tarifas: serían 10,7% para las distribuidoras de electricidad, 12,5% para las de gas y 12% para el transporte de gas. El ministro de Economía, Luis Caputo, es quien tendrá la última palabra a la hora de aplicar las subas. Las empresas involucradas –Transener, Transba, Edenor, Edesur, TGN, TGS, Metrogas, Naturgy, Camuzzi, etcétera– esperaban un traslado en torno al 5% en las facturas finales.
Fuentes del sector señalaron a Infobae que la suspensión de esta fórmula es “una mala señal” y que podría poner en riesgo la cadena de pagos nuevamente, tal como había sucedido con el congelamiento durante la gestión de Alberto Fernández. Sucede que transportistas y distribuidoras deben pagar a Cammesa por la energía que le compra a las generadoras. Desde mayo se esperaba que esa “bicicleta” comenzar a rodar, normalización que ahora peligra.
En ese marco, las generadoras le reclaman a Cammesa unos USD 2.000 millones adeudados en lo que va del año. En el Ministerio de Economía dicen que la deuda consolidada es de $500 millones y que debieron hacerse cargo de los pagos correspondientes a octubre y noviembre del Gobierno anterior.
No es la primera vez que el equipo económico del Gobierno toma una definición de postergar subas para no aliviar el efecto en la inflación. La quita de subsidios que se iba realizar a principio de año solo se aplicó en usuarios de altos ingresos, industrias y comercios. Por caso, 2 de cada 3 usuarios residenciales pagan menos del 10% del costo de la electricidad y la Canasta Básica Energética (CBE) recién se pondría en marcha en junio. Las subas del gas previstas para febrero recién se dieron en abril. En tanto, el boleto de colectivos del AMBA por ahora no aumentará en mayo, como estaba previsto, y habrá más subsidios a las empresas.
En el caso de la energía, las distribuidoras también esperaban que se publicara antes de que termine abril en el Boletín oficial los nuevos precios estacionales de la electricidad. Tampoco hubo noticias y, según pudo saber este medio, no las habrá en el corto plazo.
Allí debía definirse si subiría lo que pagan del costo de la electricidad los usuarios residenciales de ingresos bajos (N2) y medios (N3) (que cubren menos del 10%) o si eso sería cubierto por más subas en N1, comercios e industrias.
Hacia adelante, se sumarán más factores de presión sobre las tarifas. En el Gobierno saben que no pueden pisar indefinidamente los pagos por subsidios, más allá de que es una de las principales partidas a recortar para consolidar el superávit fiscal en 2024. Por ahora la quita de subvenciones a la luz y el gas no avanza como tenía previsto el secretario Chirillo.
Es que la implementación de la Canasta Básica Energética (CBE) que esperaban primero en abril y que luego se pospuso a mayo, ahora está prevista para junio o julio. En los próximos días se publicarán los detalles en el Boletín Oficial. Si todo se mantiene igual, 7 de cada 10 usuarios continuarán pagando menos del 10% del costo real de la energía consumida.
Según pudo reconstruir Infobae de fuentes oficiales y del sector energético, la demora tiene que ver con la dificultad del entrecruzamiento de datos que necesitan para determinar qué hogares continuarán con la asistencia en sus boletas. En encontrar la sintonía adecuada trabajan el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La hoja de ruta del Palacio de Hacienda preveía un recorte de 0,5 puntos del PBI este año en el gasto de subvenciones a las tarifas, a lo que se sumarían otros 0,2 puntos del PBI por el transporte del AMBA. La cuenta es de entre USD 2.500 y USD 3.000 millones. Pero el empeoramiento de la situación social hizo que buscara una calibración distinta en el ajuste.
