Se trata de una decisión de sus interventores, Juan Martín Ozores, Patricia Roldán y Alejandro Pereyra, enmarcada en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 302/2024 que anulaba el Nº 690/2020, el cual declaraba a los servicios como públicos esenciales y estratégicos y le otorgaba la facultad al ENACOM de regular las tarifas. La normativa entrará en vigencia el día de su publicación, por lo que afectará las tarifas a partir de julio.
“Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”, señalan los considerandos.
“Surge de los propios considerandos del DNU Nº 302/2024 que ‘…los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar sus precios libremente” y que “…el DNU Nº 690/2020 establece una modificación esencial sobre el marco jurídico del sector, que debe ser corregida con el fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de los precios de los servicios prestados”, agrega.
Dicho DNU consideraba: “Resulta necesario proveer los medios necesarios con el fin de lograr un mejor desarrollo de los servicios de telecomunicaciones acorde a las circunstancias fácticas y jurídicas reinantes. Es de destacar que ante el creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, la contemplación de las diferentes circunstancias del mercado resulta fundamental, tanto para favorecer su dinamismo y generar un equilibrio competitivo sostenible como para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad, extremos que se contraponen con la regulación tarifaria establecida (...)”.
Familias en problemas
La decisión se da en momentos en que, según de la última edición del CABASE Internet Index que presentó la Cámara Argentina de Internet (CABASE) -un estudio que analiza el estado de la conectividad y la infraestructura de internet en el país-, las familias argentinas están teniendo que tomar medidas para reducir el impacto de los costos de la conectividad en sus presupuesto.Del estudio surge que el 67,5% de los hogares argentinos tomaron alguna medida para reducir el costo de su servicio de internet fijo frente a la complejidad del contexto económico de los últimos meses. Asimismo, el 65,3% de los hogares tomaron medidas para reducir el costo de su servicio de TV paga.
Los resultados de la encuesta realizada por CABASE indican que, frente a la crisis económica del último período, muchos usuarios buscaron mecanismos para evitar dar de baja los servicios de conectividad y contenidos en el hogar, optando por medidas para reducir su costo, ya sea a través de un acuerdo con su proveedor o por un cambio hacia un proveedor con menor precio.
El relevamiento también indica que el costo promedio del servicio de internet fijo a nivel nacional es de $20.035. Considerando los ingresos promedios por hogar, el costo del servicio alcanza alrededor del 4% de estos ingresos, dato que no solo muestra una brecha importante respecto del objetivo propuesto por la iniciativa de la ONU, sino que significa un retroceso respecto de la medición anterior del CABASE Internet Index, realizada en septiembre del año pasado, en la que el costo promedio de los servicios básicos de conectividad equivalían al 3% de los ingresos del hogares.
