"En el mensaje que acompaña el proyecto, el gobernador consideró oportuno y conveniente adherir al RIGI, en el entendimiento de que las inversiones que éste promueve dependen de un marco de seguridad jurídica que los posibles inversores ponderarán, no sólo en el esquema nacional, sino también en las distintas jurisdicciones, con potestad de gravar o ejercer algún tipo de injerencia sobre las actividades objeto de incentivo".
"Nadie puede estar en contra de la promoción de inversiones y la generación de empleo en la provincia. Pero debemos prestar especial atención al origen de los fondos, tanto en el caso de adhesión al RIGI como también si el Poder Ejecutivo provincial pretende adherir al blanqueo", sostuvo el extitular de la aduana Guillermo Michel.
En esa línea, Michel señaló: "Sin una clausula especifica anti-narcos, que le permita a las autoridades provinciales evaluar los antecedentes vinculados al narcotráfico, distribución y venta de estupefacientes y financiamiento del terrorismo de manera adecuada, previo a la adhesión al RIGI o al blanqueo nacional (en un futuro), la Provincia se convierte en una puerta de acceso que facilita el blanqueo de estos capitales".
"Entre Ríos es una provincia lindante a Santa Fe, con un puente que nos conecta de manera directa con Rosario. Con tres pasos fronterizos con el Uruguay. Con conexión al norte con Corrientes y al Sur con la Provincia de Buenos Aires. No solo debemos cuidar el acceso territorial de los narcos a la provincia, sino también el ingreso financiero y de inversiones de esos capitales espurios", expresó.
Michel agregó que: "Si bien la competencia en materia de lavado de activos es federal, la provincia tiene mucho para contribuir. El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo es muy liviano en cuanto al combate al narcotráfico. Se le deben dar mas facultades a la autoridad de aplicación (artículo 16 del proyecto) para que pueda excluir de los beneficios a personas humanas o jurídicas con antecedentes en materia de narcotráfico y terrorismo".
"Esta necesidad de que la Nación y la Provincia se involucren en esta cuestión del narcotráfico y lavado de activos no es una mera opinión, surge de la ley, la Constitución Nacional y de los Tratados y Convenciones internacionales a los que adhirió Argentina (artículo 75, inciso 22 de la CN)", manifestó.
"Las fallas técnicas que tiene la ley enviada por el Poder Ejecutivo provincial son ostensibles, transformando a Entre Ríos en funcional al blanqueo o lavado de capitales de origen narco. No existe en el texto del proyecto de ley ningún requisito sólido de acreditación de origen lícito de los fondos o su trazabilidad para evitar un blanqueo o lavado encubierto producto de organizaciones criminales", concluyó.
