Desde 2008, año en el que se aprobó la Ley N° 26364 de Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, en Entre Ríos se celebraron 28 juicios por explotación, en 25 de los cuales se dictaron condenas. Fueron condenadas 46 personas, 33 varones y 13 mujeres, que perjudicaron a 68 víctimas, 66 mujeres y dos personas trans. Se dictaron nueve absoluciones, una probation por un cargo de tenencia de droga y una suspensión del proceso por razones de salud.
De las personas absueltas, dos fueron condenadas por otros hechos, tres fueron condenadas en un segundo juicio, luego de que un tribunal de casación revisara el caso, y las otras cuatro volverán a ser juzgadas.
El rol de los condenados
En cuanto al rol de los condenados en la cadena de la trata, se han registrado casos donde se imputó la totalidad de las etapas previas a la explotación, es decir, la recepción/acogimiento, el transporte/traslado, la captación, la administración y regenteo de prostíbulos y el ofrecimiento.La mayoría de los casos se ha registrado dentro del ambiente prostibulario, aunque también hubo casos de explotación en el ámbito privado (casas, departamentos, hoteles alojamiento) y en la vía pública.
Las víctimas son en su mayoría mujeres jóvenes (39 mayores de edad, 15 menores y 12 de las que se desconocen los datos), con hijos menores a cargo y graves problemas económicos, provenientes de provincias del norte, alejadas del lugar de explotación.
Trata para explotación laboral
Por otro lado, las investigaciones por explotación laboral no tuvieron el mismo impulso en la provincia. En Entre Ríos se han celebrado apenas cuatro juicios por trata laboral, en los que fueron condenados tres hombres y se dictó una absolución, aunque la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa medida y ordenó realizar un nuevo juicio, todavía sin fecha. Sin embargo, solo una persona recibió una pena de prisión efectiva.Se dictaron condenas por 13 víctimas de trata laboral (10 mayores de edad y 3 menores); mientras que el juicio pendiente comprende a otros 12 trabajadores explotados.
Cabe aclarar que se trata de casos en los que se detectaron situaciones de reducción a servidumbre y trabajo forzoso en establecimientos rurales, forestales y de la recolección de frutas. Sin embargo, no todo el trabajo no registrado y mal remunerado constituye una situación de servidumbre, aunque represente una ilegalidad para las normas laborales.
Una característica que se advierte en la provincia es que en el proceso de captación, reclutamiento, transporte y acogimiento de las víctimas de explotación laboral intervienen no sólo “cuadrilleros” que funcionan, a la vez, como intermediarios con los patrones, sino corporaciones gigantescas.
