Abogado de profesión, Rovira fue funcionario del Poder Judicial, al desempeñarse como vocal de la Cámara Laboral. En el plano político, fue pública su identificación con la Democracia Cristiana, aunque su máxima exposición la tuvo cuando Sergio Montiel, en su segundo mandato como gobernador, lo convocara para ejercer el rol de Fiscal de Investigaciones Administrativas.
Su gestión apuntó a sacar a la luz hechos de corrupción atribuidos a dirigentes de peso del peronismo entrerriano, como el tres veces exgobernador Jorge Pedro Busti y el también exgobernador en dos ocasiones Sergio Daniel Urribarri. Del primero se constituyó en su principal enemigo público y el enfrentamiento entre ambos adquirió ribetes que parecieron trascender la política para volverse una cuestión personal.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Entre Ríos había sido creada por Ley 9.245 y comenzó a funcionar en mayo de 2000.
Busti lo había cuestionado desde que su pliego ingresó a la Legislatura, y argumentaba que tenía animadversión contra su persona, además de criticarlo por su participación como juez en la última dictadura cívico militar.
Crítico con la Justicia, Rovira cuestionó en su momento la designación de algunos hombres en la justicia y consideró que ésta responde “a los intereses políticos de cada sector dominante de turno”, indicando que “en Entre Ríos la justicia no es profesional”, sino que “está signada por el partidismo en su composición principal”.
El ex Fiscal de Investigaciones Administrativas dejó una huella importante en la Justicia entrerriana porque entre 1999 y 2003 presentó más de 200 hechos de presunta corrupción durante los gobiernos de Carlos Saúl Menem a nivel nacional y de Jorge Pedro Busti en la provincia. Muchas de esas denuncias no llegaron siquiera al juicio oral, en gran parte por la tradicional lentitud de muchos jueces y así fueron prescribiendo.
Denunció en 2001 al ex senador provincial del PJ Félix Pacayut por el destino que tuvieron en 1997 casi veinte millones de dólares producto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que debieron destinarse a la construcción de un puerto de aguas profundas en el Departamento Islas.
Pero también denunció a emblemáticos dirigentes de su propio partido: el radicalismo. Así, en 2003, Rovira, denunció al entonces gobernador Sergio Montiel por posible “peculado y asociación ilícita” por la contratación de máquinas tragamonedas para los casinos provinciales.
Y así como la Justicia era lenta para avanzar en casos de corrupción, fue muy dinámica para condenar a Rovira.
En marzo de 2013, el juez Civil y Comercial Nº 5, Roberto Croux, lo condenó a abonar la suma de 30 mil pesos con más los intereses desde 2001 a esa fecha.
La demanda contra Rovira había sido impulsada por Busti a raíz de una denuncia del ex fiscal por supuesto mal manejo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Además, Rovira corrió con las costas de los abogados, entre otros de la actual vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak, que acompañó a Busti en esa querella.
Según lo pidió el propio Busti, la suma que terminó abonando Rovira fue donada a la Fundación Ayuda al Enfermo Hematooncológico de Entre Ríos (Faeher).
A principio de mayo pasado, Rovira debió ser internado en el Sanatorio Garat de Concordia, por padecer una anemia severa, de acuerdo a lo confirmado en ese momento por su hijo, Juan Diego. Anoche falleció a la edad de 86 años.
