Además del mandatario entrerriano, se conectaron Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis).
En representación de los legisladores, participaron Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, Rodrigo De Loredo, titular del bloque de la UCR, con Alejandro Cacace (UCR), Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot de Hacemos Coalición Federal. Son tres bloques que llegan a 94 diputados y que, si suman a los aliados de Innovación Federal, garantizan superar los 100 escaños.
En un contexto de debilidad parlamentaria, se trata del sector de la oposición clave para aprobar la iniciativa. Javier Milei tiene una bancada de apenas 38 diputados, con los cuales no puede lograr un dictamen de mayoría en el plenario de comisiones de la Cámara baja ni mucho menos alcanzar el quórum para poner en marcha la sesión.
La reunión fue una réplica ampliada del encuentro que las mismas partes habían realizado el martes pasado. En aquella ocasión, los gobernadores plantearon sus puntos de diferencias con el proyecto del gobierno y pidieron abrir una mesa de diálogo para discutir modificaciones.
El principal punto de tensión son las retenciones a las economías regionales contenidas en el texto de 664 artículos que envió el Poder Ejecutivo al Congreso. Se trata de un impuesto que, al aplicarlo, lesiona directamente intereses de las provincias. Y algo central: no es coparticipable. Es decir, se trata de un gravamen que recauda el gobierno nacional sin necesidad de distribuirlo con las provincias.
Esta situación, que ya ejecutó Néstor Kirchner durante su presidencia, genera un desequilibrio del federalismo fiscal, al desbalancear la recaudación entre las provincias respecto al Estado nacional. De llevarse a cabo, Milei podría ajustar cerca de 2% del Producto Interno Bruto (PIB) con el foco puesto en alcanzar el 2% de superávit primario que exigió el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trata de un modo de recaudar “fácil” para la Casa Rosada, sin coparticipar esa masa de fondo.
La postura de los 10 gobernadores de la UCR y el PRO es concreta: si no sacan las retenciones, no votarán la Ley Ómnibus. Apoyan el 80% del texto normativo, coinciden en la necesidad de aplicar un ajuste fiscal. Pero discrepan en que ese recorte de gastos recaiga centralmente en las provincias y en las jubilaciones. Lo primero por afecta la recaudación y los intereses provinciales. Lo segundo porque no piensan pagar el costo político de ajustar a los jubilados.
El gobierno nacional tiene la idea de aplicar una alícuota de 15% en concepto de retenciones a productos de las economías regionales. Los mandatarios provinciales pusieron el grito en el cielo y comenzaron un “operativo presión” para que el presidente ceda y retire ese apartado. Propusieron un borrador con una alternativa para llegar al mismo nivel de ajuste fiscal pero con otro camino. En ese sentido, la oposición dialoguista le manifestó los interlocutores de Milei que se puede lograr con gastos tributarios. Es decir, quitando exenciones impositivas que hoy se aplican a regímenes como el de Tierra del Fuego, la eximición de Ganancias o IVA a quienes están exentos.
Ese fue uno de los puntos más discutidos en la reunión que tuvieron el martes a la tarde un grupo de legisladores del PRO, la UCR y Hacemos con emisarios del Gobierno. Fue en el despacho de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Quienes defendían el espíritu del paquete fiscal libertario eran Pablo Quirno, secretario de Finanzas de la Nación, y Carlos Guberman, secretario de Hacienda de la Nación. La oposición dialoguista planteó que tocando los gastos tributarios se puede lograr un 4% de recorte de gastos del PIB. Los funcionarios se rieron y señalaron que el cálculo estaba mal hecho, que ese punto solamente implica un ajuste de 2% del producto. Los diputados respondieron que igual era preferible antes que optar por aplicar retenciones y ajustar a los jubilados.
El fondo del problema es el Impuesto a las Ganancias, un tributo que cobra el Estado central y lo coparticipa a las provincias. Durante la campaña presidencial de 2023, el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, impulsó la eliminación de la cuarta categoría de ese gravamen. Como se trata de un impuesto coparticipable, aquella decisión afectó a las arcas provinciales. Los estados subnacionales perdieron en torno al 0,5% del PIB en recaudación y los gobernadores comenzaron un reclamo desesperado para que la Casa Rosada retrotraiga la situación o disponga alguna alternativa para compensar esa pérdida.
Por estas horas, los gobernadores y los bloques dialoguistas de la oposición están a la espera de una devolución de Milei respecto a las modificaciones que piden. Se plantan en la idea de no apoyar al gobierno si no se quitan las retenciones de la Ley Ómnibus. Quien presiona desde Cumelén es Mauricio Macri, cuya intención es que la normativa se apruebe lo antes posible. Al mismo tiempo, el expresidente acompaña a su primo Jorge Macri en el reclamo por los fondos de la coparticipación que la Nación le debe pagar a CABA para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de diciembre del 2022. Una especie de juego a dos bandas.
Las negociaciones están abiertas y se espera que haya novedades en las próximas horas. Milei aterrizó de Davos al viernes y trabajó durante el fin de semana en el análisis del borrador con modificaciones que pidió la oposición. Los gobernadores esperan una respuesta para avanzar. La idea de la Casa Rosada es tener un dictamen de mayoría esta semana y que el proyecto ingrese al recinto de Diputados lo antes posible. Para evitar un mal trago, Milei ya extendió el plazo de las sesiones extraordinarias al 15 de febrero.
