Trascendió que se investigan, tras una denuncia hecha a la línea 134 del Ministerio de Seguridad, las posibles exigencias bajo amenazas a grupo de personas beneficiarias por parte de los representantes locales de distintas organizaciones sociales, para participar en diferentes actividades proselitistas como marchas, cortes y manifestaciones. De 23 allanamientos, uno se realizó en Victoria y 22 en Gualeguaychú.
Según informaron, se tomaba asistencia y, en caso de inasistencia, debían abonar un porcentaje del plan en cuestión, negándoles el acceso a los alimentos distribuidos por el gobierno nacional, e incluso amenazaban con darles de baja el plan.
Asimismo, todos los meses los referentes locales de esas organizaciones sociales les exigían la entrega de un porcentaje del dinero de los planes nacionales en cuestión, bajo amenaza de dar de baja el acceso a ellos. Como consecuencia de ello se dispusieron un total de 23 allanamientos.
