Los hechos que se ventilan en los tribunales de Concepción del Uruguay sucedieron el 20 de diciembre de 2016, cuando los gremialistas tomaron por casi 9 horas el despacho del director para exigir que desplace al jefe de ambulancias, Antonio Cáceres.
El Tribunal encargado de juzgar a los gremialistas está integrado por los jueces Mariano Martínez, Fabián López Moras y Evangelina Bruzzo. En tanto, la acusación es ejercida por los fiscales Nadia Benedetti y Mauro Quirolo; mientras que la defensa técnica de los gremialistas está a cargo de los abogados Miguel Ángel Cullen, Alejandro Ortiz y Guillermo Vartorelli.
Los 14 sindicalistas imputados son Martín Wense Bobadilla, secretario adjunto de UPCN; Claudia Jeckeln, secretaria general del gremio en Villaguay; y Carlos Faust, Silvana Monjo, Gloria Ojeda, Timoteo Velázquez, Juan Gómez, Damián Rodríguez, Juan Carlos Barreto, Mirian Barreto, Gisela Kuttel, Raquel Elsa Acosta, Andrea Vanesa Roldán y Lilia Marina Den Dauw. Sus abogados piden que sean absueltos, y aseguran que se “está criminalizando la protesta en tiempos de ajuste”.
El debate oral y público comenzó el lunes con los testimonios del exdirector del nosocomio, médicas y del jefe de Policía de la departamental Villaguay, comisario Daniel Fabián Randisi. Este jueves fue el turno del exministro De la Rosa, quien fue citado por la fiscalía para que diera cuenta sobre su actuación como ministro en los hechos.
Luego de la declaración, trascendió que el exjefe de la cartera sanitaria minimizó lo sucedido en el Hospital de Villaguay. Dijo que cuando tomó conocimiento de la situación, lo consideró como que fue un planteo sin violencia y que no ameritaba su intervención, por cuanto entendió que en los hospitales siembre hubo exigencias por parte del personal.
En su breve intervención en el juicio –estuvo alrededor de media hora- recordó que la protesta se originó porque el entonces director del nosocomio no cumplió con la orden del Ministerio de Salud para que desplazara al jefe de ambulancias.
Su relato no coincidió en un punto con lo dicho el lunes por el exdirector Hernández. En su declaración, el exdirector del Hospital Santa Rosa, de Villaguay, explicó que no podía remover al jefe de ambulancias en diciembre, dado que se acercaban las fiestas y que no disponía de una persona preparada para ocuparse de la labor y aseguró que llamó telefónicamente a De la Rosa para informarle de la toma de su despacho por parte de los gremialistas. Sin embargo, este jueves, el exministro negó la existencia de esa comunicación. Sumado a ello, ante la pregunta de la Fiscalía de si consideraba grave la toma de un despacho, respondió que no.
De la Rosa también se ocupó de señalar que el jefe de ambulancias no pertenecía a la planta de la cartera sanitaria, sino que dependía del Instituto Provincial e Discapacidad (IproDi). Y refirió que el ambulanciero tenía un antecedente de incumplir una orden de llevar una ambulancia a Urdinarrain.
Luego los fiscales le consultaron si era afiliado a UPCN, el gremio que conduce el diputado peronista José Allende, y De la Rosa respondió afirmativamente. Acto seguido se le preguntó si el gremio ejercía algún tipo de injerencia en el ministerio, principalmente para emitir órdenes a los directores de hospitales. La respuesta del exfuncionario fue que el gremio y el ministerio “son dos cosas distintas”.
Al término de su declaración, el Tribunal le hizo saber que podía ser convocado si la fiscalía decidía realizar un careo con Hernández, dado los dichos contrapuestos de ambos. La confrontación, finalmente, no se concretó.
En la audiencia de este viernes, de los 14 dirigentes acusados, sólo declaró Bobadilla, quien reconoció que en el despacho del director del hospital estuvieron casi todos los imputados –excepto uno- y sostuvo que mantenía una buena relación con el denunciante –Hernández-. Además, afirmó que incluso hubo una reunión en buenos términos.
El martes próximo, a las 16, serán los alegatos de clausura del juicio y luego el Tribunal pasará a deliberar si condena o absuelve a los dirigentes de UPCN.
