Con la renuncia del juez Sergio Torres, el caso pasó a manos de Rodolfo Canicoba Corral. Pero en los últimos días, el magistrado se excusó argumentando que él mismo había pedido el juicio político de su excolega en 1999, en medio del escándalo Spartacus.
En aquel momento, Canicoba Corral acusó a Oyarbide de haber utilizado su puesto y sus contactos para proteger, a cambio de dinero y servicios gratuitos, al prostíbulo Spartacus. La resolución incluyó el procesamiento de Luciano Garbellano, que trabajaba en Spartacus y supuestamente era el que pagaba las coimas. En ese entonces, el ahora exjuez federal estaba suspendido y esperaba una decisión del Senado. Finalmente, Oyarbide logró esquivar el juicio político en aquella sesión recordada del 11 de septiembre de 2001.
El expediente contra Oyarbide pasó a manos del juez Julián Ercolini, que está de licencia y todavía no pudo acceder a la causa.
La situación de Oyarbide es compleja porque ya se venció el último plazo que le había otorgado el fiscal Di Lello para que justifique su patrimonio. El exjuez nunca contestó y lleva casi un año esquivando a la Justicia. En cambio, su expareja, Claudio Blanco, se presentó en tribunales y pidió la designación de un defensor oficial. Y el empresario Ariel Roperti, también acusado de ser un testaferro, hizo una presentación parcial.
La exmujer de Roperti, Martha Cavallaro, relató ante la Justicia que su exconoció a Oyarbide en una suerte de reservado del restorán “El Mirasol Campo & Mar” y que, a partir de ese momento, su posición económica mejoró de manera ostensible.
Roperti acompañaba a Oyarbide en sus viajes por exterior. La Justicia investigó más de 30 viajes de los últimos diez años (son al menos 60 vuelos). El destino preferido del exjuez era Estados Unidos. Pero también se sucedieron viajes al Caribe, Uruguay y varias capitales de Europa.
La hipótesis de la investigación siempre apuntó a un entramado de sociedades, algunas “truchas”, para ocultar bienes. Las pruebas fueron apareciendo en cuentagotas.
Con este escenario, en la fiscalía de Di Lello no descartan avanzar con un pedido de indagatoria contra Oyarbide y sus posibles testaferros para que se defiendan de las acusaciones.
