Elevación a juicio
La audiencia en la que se ventila el requerimiento de elevación a juicio comenzó entre febrero y marzo de este año, pero estuvo suspendida desde abril hasta la semana pasada porque recusaron al juez que está a cargo del proceso, Julián Vergara. El abogado de Urribarri recordó que la acusación contra el exmandatario resume “seis hechos que Fiscalía entiende que deben ser concursados realmente, es decir, juzgados individualmente, que arrancan con la licitación pública 01/08”. Cullen señaló que Urribarri está imputado “primero como ministro de Gobierno y luego como gobernador”, por haberse interesado en la contratación de la empresa Relevamientos Catastrales -una de las firmas que conduce el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros-, para la adquisición de software para la administración pública, siempre según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal (MPF).
“La imputación como ministro de Gobierno desde enero de 2007 es imposible porque Urribarri estaba de licencia. Del 14 de septiembre de 2006, Urribarri no detentaba el cargo de ministro que sostiene el hecho imputado. Esto es crucial para nosotros”, dijo el defensor. “Le adjudican a Urribarri una calidad funcional que no tenía. Tienen que reformular el hecho. Y para eso estamos acá, para controlar la acusación que nace de una manera que falta a la verdad”, subrayó. “Esto se vuelve a repetir”, advirtió el abogado. “Los seis hechos se dan a través de una actuación sistemática de Urribarri, según la acusación, que en función de su cargo se interesaba y favorecía Cardona Herreros. Estamos bajo supuestos que no existen”, acotó e insistió: “Hay que adecuar la acusación para poder ejercer la mejor defensa posible”.
Cabe señalar que entre este lunes y el viernes, Cullen y los otros defensores de Urribarri (los abogados Fernando Burlando y Javier Baños) completarán el alegato defensivo en representación del exmandatario provincial. El resto de las defensas ya lo hicieron: Guillermo Smaldone como exministro de Trabajo de la provincia (que se representa a sí mismo); Humberto Flores como exsecretario de Hacienda de la provincia (representado por Leopoldo Lambruschini); Carlos Haidar como exdirector de Informática de la provincia (representado por Candelario Pérez y Juan Antonio Méndez); Diego Cardona Herreros (representado por Ignacio Díaz y José Velázquez); Luis Erbes como exsecretario de Presupuesto y Finanzas (representado por Franco Azziani Cánepa); Miguel Ulrich como exdirector de Liquidaciones (continúa en el cargo y está representado por Gaspar Reca).
Los fiscales a cargo de la investigación y la acusación son Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Ambos entienden que entre 2007 y 2015, en la provincia de Entre Ríos hubo una especie de “mesa de negocios” conformada por exfuncionarios políticos, el empresario paraguayo y empleados ejecutivos de sus empresas, que diseñaron licitaciones ajustadas, por montos millonarios que beneficiaron a las empresas de Cardona. Esas negociaciones implicaron sobreprecios y retornos de dinero para funcionarios públicos y privados. Los fiscales sostienen que las dádivas quedaron registradas en comunicaciones personales (telefónicas, correos electrónicos y planillas contables). No sólo refirieron a montos dinerarios sino también a viáticos, pasajes, paquetes turísticos, entre otros beneficios.
“Estamos frente a una remisión a juicio que no supera el tamiz necesario de lo que establece el Artículo 402 y 403”, puntualizó el abogado. Y volvió a pedir la “reformulación” de la acusación para que se les vuelva a correr vista, vuelvan a defenderse y continuar con el proceso. En ese sentido, el defensor le reclamó al juez que dicte la nulidad. Para Cullen no pueden defenderse correctamente si la acusación no se readecúa. “Mi defendido no puede ser autor de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública si no estaba en el rol de funcionario público, no puede”, resaltó.
Además, el defensor se quejó de que los hechos acusados contengan menciones a personas que estuvieron imputadas y acordaron suspensiones de juicio a prueba. “Le imputan conductas a personas que no pueden venir a defenderse. Si su señoría permitiera la continuidad de la remisión de estos hechos, estamos ante un problema gravísimo. Se van a comprobar hechos que involucran a personas que no pueden defenderse”, insistió. De ese modo se refirió el letrado a quienes dentro de este proceso acordaron con Fiscalía suspensiones de juicio a prueba. Es decir, aquellas personas que estuvieron imputadas por participación en los hechos investigados, que no eran funcionarios públicos sino empleados privados como Alfonso Campitelli, Miriam Fessia, Jorge Zanabone y Guillermo Linares -todos ejecutivos de las empresas de Cardona Herreros- que acordaron probation y multas por sus conductas.
“Queremos que se adecúe la acusación a otra que permita el mayor derecho posible de defensa. Todo lo otro que dijeron los colegas que me precedieron, también debe tomarse”, pidió el abogado, plegándose de ese modo a los alegatos defensivos que lo precedieron.
El viernes 13 de septiembre, cuando se reanude la audiencia que pasó a un cuarto intermedio, continuarán las exposiciones los abogados Javier Baños y Fernando Burlando. Los defensores porteños continuarán con planteos de fondo y pedirán el sobreseimiento de Urribarri.
La agenda de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), registró jornadas en octubre para continuar con las réplicas de los fiscales a los alegatos defensivos, luego las dúplicas de los abogados, la resolución del juez y, para la etapa final, se espera la discusión sobre la prueba no controvertida que ingresará al juicio oral. Por último habrá que sortear un tribunal que conduzca un futuro juicio oral y fijar fecha para su realización. Todo eso, si no se dicta un sobreseimiento.
Detalles de la investigación
La causa tiene como imputados al exgobernador Sergio Urribarri y al empresario paraguayo, Diego Cardona Herreros. En el banquillo están además los exfuncionarios de gobierno Luis Alfonso Erbes, como exsecretario de Presupuesto y Finanzas de la provincia; Guillermo Smaldone, como exministro de Trabajo; Miguel Ulrich, como exdirector General de Ajustes y Liquidaciones; Carlos Haidar, como exdirector de Informática; José Humberto Flores como exsecretario de Hacienda.Durante el proceso también estuvieron investigados exempleados ejecutivos de las empresas contratistas que dirigió Cardona Herreros: Alfonso Campitelli, Miriam Fessia, Jorge Zanabone y Guillermo Linares. Todos ellos acordaron suspensiones de juicio a prueba y consiguieron cerrar su situación procesal antes del juicio oral. De modo que en la investigación penal, una de las más importantes por los delitos acusados, las maniobras probadas, el rango de los funcionarios políticos involucrados y la cantidad de prueba colectada, continuó sólo para el empresario señalado como testaferro de Urribarri y los funcionarios públicos.
Según la hipótesis de los fiscales, durante las dos gestiones urribarristas en Entre Ríos se formó una especie de “mesa de negocios” compuesta por los funcionarios públicos, el empresario paraguayo y varios de sus empleados ejecutivos. Desde la provincia se interesó y direccionó la contratación de servicios a cargo de la empresa Relevamientos Catastrales, propiedad del empresario. Los fiscales sostienen que, además de interesar contrataciones millonarias, los funcionarios públicos adelantaron información sensible para ajustar los pliegos de licitación y conceder el beneficio al empresario. Esas contrataciones, siempre siguiendo la hipótesis acusatoria, supusieron sobreprecios y el retorno de dinero, bienes y servicios tanto para los funcionarios políticos como para los empresarios.
Cardona Herreros, además de ser el titular de las empresas adjudicatarias de varias licitaciones analizadas, resultó ser quien administraba el dinero de los funcionarios públicos, y ponía a disposición la estructura de sus empresas, a efectos de gestionar asuntos vinculados directamente a aspectos personales de cada uno de ellos.
Los fiscales se hicieron de evidencia que prueba la acusación. Sostienen que para la causa se analizaron miles de datos virtuales de computadoras y teléfonos celulares, además de secuestrar otros elementos en los allanamientos.
