Los abogados defensores rechazaron esas medidas y este lunes el juez dio a conocer su resolución.
De ese modo, el juez Darío Perroud dispuso que "todos los imputados tendrán prohibido generar contacto con testigos de esta causa con miras a influenciar testimonios". Aclaró que no se trata de una "prohibición total o absoluta, en función de no afectar relaciones".
Respecto de los bienes, el juez aclaró que la medida de inhibición general de bienes apunta a evitar que "se insolventen los imputados y frustren la posibilidad de responder eventualmente por los daños". Citó al respecto las convenciones a las que está adherida la Argentina, debido a la "preocupación de la comunidad internacional por las consecuencias que generan los delitos llamados de corrupción, que socavan el funcionamiento de las instituciones y el desarrollo de los pueblos, puesto que implican el desvío de dinero que deja de invertirse en cuestiones que hacen en definitiva al progreso social".
"En esa línea –abundó- la Argentina adhirió a la Convención Interamericana contra la Corrupción y también a la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción. En tanto la primera hace hincapié en la prevención, investigación y represión de delitos; la de Naciones Unidas lo hace específicamente en lo atinente a la aplicación de políticas de recupero de activos producto de la corrupción".
Por ello, explicó que "en este marco se entiende necesario adoptar medidas para evitar que se frustre el recupero eventual de bienes, evitando de tal modo la libre disposición por quienes aparecen imputados".
Por todo ello, dispuso la "inhibición general de los bienes de los imputados" y mandó al Ministerio Público Fiscal que libre las comunicaciones al Registro de la Propiedad Inmueble, registros automotores, a los juzgados locales y también a las entidades financieras, "aclarándose en relación a los bancos puntualmente que la medida no debe afectar el funcionamiento de cuentas que involucren al señor Luis Alberto Mazurier como apoderado y/o una figura equivalente en relación a COTRAPRETEL (La Cooperativa editora del diario El Sol) y respecto del señor Villanueva Alberto Jesús también no debe afectar el normal funcionamiento de cuentas que involucren en calidad de apoderado y/o una figura equivalente en este caso de BALACE SRL (la empresa que figura como empleadora en el hotel Ayuí) y esto por cuanto, como bien señalaron los defensores, la medida podría generar la afectación de derechos de terceros que son ajenos al presente tramite".
Al valorar los elementos vertidos en la audiencia preliminar, el juez afirmó que éstos "permiten afirmar que al menos el Ministerio Público tiene un caso contra los imputados".
Aclaró que "para el presente estadio procesal basta contar con probabilidad de ocurrencia de los sucesos y de intervención de los imputados, no siendo necesario acudir a estándares de certeza propios de una sentencia condenatoria".
Dijo que "estamos en condiciones de afirmar que es probable que los hechos hayan ocurrido en el modo que se narran en la acusación y que los imputados hayan tenido la intervención que les adjudica" y en función de esa presunción admitió la mayor parte de las medidas pedidas por la Fiscalía. Explicó que "en primer término la prohibición de concurrencia a determinados lugares y de contacto con determinadas personas ha sido una de las medidas solicitadas por el señor Fiscal", proveyendo que "todos los imputados tendrán prohibido generar contacto con testigos de esta causa con miras a influenciar testimonios. No prohibición total o absoluta en función de no afectar relaciones".
