“El que corta no cobra. Si te están obligando podés denunciar anónimamente al 134”, dice la primera leyenda, seguida por el siguiente texto: "El Ministerio de Seguridad informa: si va a ejercer su derecho a protesta, tome en cuenta que solo lo puede hacer en lugares habilitados. Recuerde que cortar una calle, una avenida o una ruta es un delito penado por ley. Si sufre alguna extorsión para concurrir a una manifestación, recuerde que puede denunciarlo anónimamente llamando al 134”. Por Radio 12 de Colón, el abogado Fabián Germanier habló de los derechos constitucionales y de esta advertencia del Ejecutivo en un lugar de circulación masiva.
“Protestar el legal, está garantizado en la Constitución Nacional, siempre respetando el derecho de los demás”, comenzó diciendo.
En este sentido, remarcó: “Existe el derecho de protesta y huelga, también obviamente el de toda persona a desplazarse de un punto a otro sin dificultades”.
Consultado sobre si utilizar la cartelería de lugares públicos para dejar este tipo de mensajes forma parte de los derechos de un gobierno, la respuesta fue “sí”. Y añadió: “Lo han hecho en la campaña política, cuando decían que si ganaba tal candidato la tarifa iba a ser de determinado monto. Todos los gobiernos utilizan los medios a su alcance para dar su opinión e influenciar a que no se tome cierta medida. Tienen un espacio y lo ocupan, después cada uno opinará si está bien o mal”.
“Un equilibrio entre los derechos”
“En Buenos Aires son piquetes duros, hay organizaciones que movilizan mucha gente y es difícil garantizar el libre desplazamiento. Hay un protocolo como herramienta para avisarle al ciudadano que tendrá una consecuencia gravosa si lleva adelante la medida”, dijo el abogado colonense en otro tramo de la conversación con Vanesa Orta.Para el letrado, el desafío consiste en lograr “un equilibrio entre los derechos que están en colisión, como es el de llevar los reclamos que uno cree justos y el de la libertad de circular libremente, por ejemplo para ejercer una actividad comercial”.
“Como ciudadano, uno busca que cause el menor perjuicio a la gente. Uno puede hacer una movilización no entorpeciendo la circulación en las calles. Otra cosa es poner barricas o entrar en un lugar y molestar a las personas que están trabajando”.
Respecto a la posible quita de planes sociales anunciada por el gobierno de Javier Milei, Germanier opinó: “Estas medidas generalmente se judicializan. En principio creo que se debería evitar llegar a ese punto, porque se debe resolver dentro del ámbito correspondiente que es la política, en una discusión madura, cada uno cediendo una parte, conciliando. La convivencia política es fundamental”.
