Todo esto pasó en La Histórica y el epicentro de la polémica es un barrio privado, La Soñada, que en vez de cumplir con la exigencia de entregar al municipio para uso público un 10% del espacio total que ocupa, pretendió compensar al Estado, en un dilatado trámite que arrastra desde mediados de 2020, con una cifra de dinero que –dicen los críticos- sería muy inferior a la que haría falta para comprar las tierras en juego.
La última noticia en esta trama es que el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, vetó la ordenanza referida al barrio privado La Soñada. Así lo hizo saber en conferencia de prensa en la que no estuvo su vice y titular del Concejo Deliberante, Ricardo Vales, quien luego afirmó que no fue invitado a participar de ese anuncio. Dicha ordenanza –que contenía la propuesta económica como compensación de espacios verdes- había sido aprobada, por votación dividida, por el Cuerpo legislativo. El titular del Ejecutivo aseguró que la norma será vetada para que vuelva a ser discutida.
Durante la reciente sesión, el viceintendente y presidente del Concejo, Ricardo Vales, hizo uso de la palabra en el recinto mientras se debatía el proyecto, que habría de ser aprobado. Allí se manifestó en contra e instó a los ediles a que repensaran la situación para que pudieran discutirlo con mayor tiempo. De todos modos, esa misma noche el proyecto se aprobó por mayoría.
El funcionario habló por la Radio Pública y aseguró: “No estuve en la conferencia porque no fui invitado, no sabía que iba a hacerse, nadie me avisó, ni el Departamento Ejecutivo ni ningún concejal”. Y agregó: “Me hubiera gustado haber estado para explicar mi postura”. El presidente del Concejo sentenció: “Yo vi en la conferencia mucha gente enojada, pero cada uno debe ser responsable por sus actos; hubieron nueve concejales que levantaron la mano y deben hacerse cargo y explicarle a la ciudadanía”.
Por último, el viceintendente planteó: “Digámosle al loteador que entregue las 5,7 hectáreas y que, después, el Municipio decida qué hace. Y, si quieren que se venda, que se tasen como corresponda”.
“Un hecho histórico”
En esa línea, Aldo Montañana, uno de los ediles que votó en contra del proyecto elevado por el Ejecutivo precisó al diario La Calle que, por normativa, “los barrios privados están obligados a entregar el 10 por ciento del loteo para áreas verdes o uso comunitario más las superficies linderas. Cuando el licenciado Pablo Presas se hizo cargo del tercer desarrollo del barrio se encontró con esas irregularidades. Uno de los reclamos de la Municipalidad era la planta de tratamiento cloacal, entre otras cuestiones. En una resolución interna del viernes 5 de junio de 2020 se firmó el acta acuerdo -entre el desarrollador Pablo Presas y Hernán Molina Rearte- en el que se explayaba una serie de puntos que el primero debía cumplimentar. Uno de ellos, el b8, era el de impacto ambiental, por lo que tenía un plazo de 90 días para encarar las mejoras en lo que sería la planta de tratamiento. Pero en el b9, que nos compete, había una propuesta de espacios verdes del 10 por ciento de superficie de lote y reserva municipal para uso público y el plazo de entrega era de 120 días”.“¿Pero cuándo fue firmada esta acta acuerdo?”, se preguntó el edil para responderse: “El viernes 5 de junio. Pasó julio, agosto y septiembre, por lo que en octubre de 2020 tendría que haber entregado el 10 por ciento de las tierras. Él dijo que no lo pudo hacer. El 11 de noviembre de 2021 (un año después de la fecha en la que –el desarrollador- debería haber entregado las tierras) el presidente municipal, Martín Oliva, presentó una nota con una propuesta económica. Al no haber tenido o conseguido tierras linderas, (el desarrollador) propuso un resarcimiento o compensación económica: de 7,5 millones por las 5,7 hectáreas cuando el Intendente pedía 9 millones. ¿Cómo surgió esa cifra? No lo sabemos porque, en realidad, no hubo una tasación”, dijo.
Montañana precisó que “cuando eso llega con dos hojitas al Concejo Deliberante, me pareció que lo que tendría que haberse hecho era una tasación para saber de cuánto es el valor de las tierras en escala real y para evaluar si lo que proponía el licenciado Presas era correcto o no. Pues no podemos tener un valor de tasación a lo que ellos dicen histórico porque si nosotros hubiésemos recibido las tierras en ese momento y ahora quisiéramos lotearlas o venderlas, no lo haríamos al valor histórico sino al actual. No podemos justificar un resarcimiento económico de esa forma. Si vamos a usar ese argumento para cobrar a valor histórico las tierras que corresponden a la Municipalidad, es preferible que nos las den. ¿Cómo vamos a rifar o malvender tierras que son de todos los uruguayenses? Debemos tener un código ético cuando los bienes, que se manejan, son de todos. Nosotros somos administradores del patrimonio de los vecinos y debemos contar con todas las herramientas para decidir, porque el vecino puede venir un día y cuestionarnos con toda razón: ¿Por qué vendiste las tierras a ese precio si yo no puedo comprarme un terreno a ese valor. El tema puntual del precio entró el 11 de noviembre de este año cuando el acta acuerdo de que lo debía cumplir La Soñada se había firmado el 5 de junio de 2020. Tenía 120 días para entregar el área verde. Y pasó más de un año”.
El concejal por Uruguay se Puede afirmó que “lo que pasó fue algo histórico y democrático: que tres integrantes de distintos espacios políticos (Evelyn Viganoni, de Juntos por el Cambio; Ricardo Vales, por el oficialismo; y quienes les habla, por el vecinalismo) hayamos acordado en defender lo que consideramos era lo mejor para la ciudad. Y que el viceintendente haya dado su opinión contraria a lo que votó el bloque de su partido”.
“Al haber tomado estado público, la gente salió a apoyar nuestra postura. El Intendente, dentro de todo, tuvo la valentía y la buena decisión de haber vetado la ordenanza -que él envió al Concejo- para que se vuelva a tratar. Ahora se va a abordar como debe hacerse. Es lo correcto para mostrar y demostrar que los temas se tratan en el Concejo y que nosotros tenemos conocimiento sobre ellos”, sostuvo. Montañana anticipó que “de mi parte pediré la tasación que corresponde hacer para un caso como éste y como se estaba haciendo en los otros. Yo dije cómo a unos le pedíamos todas las tasaciones y a otros, ninguna. Era una locura. Porque nosotros administramos los bienes de todos los uruguayenses”, sentenció.
