En marzo, los fiscales explicaron los motivos por los cuales entienden que la causa debía llegar a juicio oral. También alegaron en marzo algunos de los abogados defensores pero desde entonces sólo hubieron planteos dilatorios que debieron resolverse primero. Una vez rechazados los mismos, este lunes se retomó con las audiencias en donde se discute si la causa llega a juicio o no. Todo a cargo del juez de Garantías, Julián Vergara, a quien los abogados defensores pretendieron apartar sin lograr convencer a la Justicia.
Durante la jornada de reinicio fue el turno de alegar para la defensa técnica de Carlos Haidar, quien durante el período investigado se desempeñaba a cargo de la Dirección de Informática de la provincia. Cabe recordar que se investiga el pago de coimas en el marco de la contratación de la empresa Relevamientos Catastrales para la ejecución de software a la hora de realizar liquidaciones salariales del gobierno provincial.
Para el MPF hubo un direccionamiento en la contratación y para que se lleve a cabo esa contratación presuntamente ilegal debieron interesarse distintos funcionarios: Urribarri -primero como ministro y luego como gobernador-, Miguel Ulrrich, Carlos Haidar, Guillermo Smaldone, Humberto Flores y Luis Alfonso Erbes.
Juan Méndez y Candelario Pérez son los abogados de Haidar. Para la defensa, el juez Vergara debe sobreseer a Haidar por no tener responsabilidades en el delito investigado: “Nuestro defendido está nombrado no menos de 300 veces en la remisión a juicio, como si fuera funcionario de primera línea, pero Haidar no tenía el poder para definir nada, era un funcionario de cuarto o de quinto orden”.
“El MPF lo plantea como si él un día alegremente se levantara y dijera: ‘Hoy vamos a gastar 10 millones de pesos’. No tenía la capacidad para determinar el destino del dinero”, amplió Méndez.
Los abogados aseguran de que no hubo sobreprecio y que los funcionarios acusados no se interesaron en colaborar con Cardona Herreros para que gane la licitación de manera acomodada.
Para explicar la diferencia entre el dinero presupuestado originalmente y el que terminó siendo ejecutado, Méndez dijo que lo que hizo Haidar fue “una estimación presupuestaria” y agregó: “En este país se suele sobre estimar el precio a la hora de una contratación pública porque el Estado es mal pagador y el proceso inflacionario”.
“No hay prueba del sobreprecio”, expresó el abogado del director de Informática.
Respecto al vínculo entre Haidar y la empresa de Cardona Herreros, para la defensa ese vínculo no existió por la injerencia de Urribarri si no que era preexistente por los vínculos contractuales entre la empresa de Cardona Herreros y el gobierno provincial. En ese sentido, citó que hubo una contratación en el año 2005. “Ya tenía un contrato con la provincia del 2005, como único oferente que desarrollaba el sistema informático de la DGR, ya tenían relación con los empleados de la provincia. Obviamente Haidar ya había tenido contacto con la empresa pero es falso que Urribarri le haya presentado a Cardona Herreros”, agregó.
Luego, el abogado ensayó una defensa de Haidar al decir: “Las relaciones entre contratistas y funcionarios públicos se vuelve fluida, pero no se puede decir que están interesados, tienen relación y se brindan lo que pueden saber, lo que pueden decir”.
“Los empresarios están perfectamente avisados de las contrataciones que quiere realizar el Estado”, amplió.
Méndez se quejó porque los fiscales “ignoraron totalmente las declaraciones de los imputados”. Cabe recordar que el Código prevé la posibilidad de que un acusado mienta ante el juez para elaborar su defensa.
Por último, el abogado reeditó una vieja estrategia defensiva de los abogados del entorno de Urribarri: derribar la prueba clave del disco rígido de donde surgió parte de la prueba de esta investigación. “Esta causa es derivada de los allanamientos que hubo en virtud de otra causa, la de enriquecimiento ilícito. En esa causa original, Haidar no estaba imputado y Haidar no pudo verificar las pericias. A nosotros, en algún momento, nos dieron un disco rígido con toda la información. Había más de 5.000 correos electrónicos e información que no estaba vinculada con la causa recorrió toda la ciudad: fotos de pesca, la organización de un cumpleaños de 15, eran cosas privadas y no tenían relación alguna con la causa”.
Insistió en que “quienes manipularon toda la información no tenían el mínimo conocimiento de derecho porque eran ingenieros” y relativizó la objetividad del informe pericial que elaboraron especialistas del MPF.
“Es ilegal la prueba porque los que manipularon eso no fueron personas habilitadas”, dijo Méndez al replicar los argumentos ya rechazados en otras causas y aseguró que el MPF editó la prueba y así “hacer un relato para la tribuna”.
Tras la jornada de este lunes, las audiencias continuarán el 4, 9 y 13 de septiembre de 2024; y 18, 22 y 24 de octubre de 2024. Se trata del segundo proceso de envergadura que enfrentará el extitular del Poder Ejecutivo entrerriano.
Urribarri, ya condenado a 8 años de cárcel en 2022 en el marco del megajuicio, tiene ahora un pedido de pena por Fiscalía de 10 años de prisión. Cardona Herreros, titular de la empresa Relevamientos Catastrales SA, fue contratista del Estado entre 2007 y 2015. Para el empresario, Fiscalía pide 9 años de cárcel.
