Aunque el escrito alude exclusivamente al nombramiento del Doctor Martín Carbonell como Vocal de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia, lo cierto es que también cuestionan la elección de otro concordiense, el Doctor Rodolfo Jáuregui, para cubrir una vacante en la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Paraná. Y como no hay dos sin tres, off the record admiten que cayó muy mal la designación de Belén Esteves como Jueza de Familia de Concordia.
El documento emanado de la seccional paranaense de la entidad que representa a los profesionales del derecho se encarga de poner en evidencia lo que considera una grave contradicción: Carbonell es un hombre desde siempre dedicado al derecho penal y lo nombraron vocal de la Sala Civil. Algo así como si en el campo de la salud pusieran a un cardiólogo a conducir el servicio de traumatología.
"No tenemos objeciones respecto de la persona de Carbonell ni tampoco respecto de su calidad como penalista. Pero está claro que ha sido fiscal en lo penal, juez de instrucción en lo penal, vocal de cámara en Concordia en lo penal. O sea, ciento por ciento su carrera es en el derecho penal y es designado para integrar la Sala Civil del Superior Tribunal" resumió a El Entre Ríos uno de los directivos de la seccional paranaense del Colegio de Abogados.
"No es razonable -agregó- que se designe a alguien que no tiene la especialización en la materia. La especialización acredita puntaje en los concursos del Consejo de la Magistratura. Es un criterio objetivo para la selección de los postulantes a cubrir cada una de las vacantes del Poder Judicial. Por lo tanto es un contrasentido poner en la cabeza de una especialización a alguien ajeno a ella, en contradicción con los principios que regulan el sistema de selección" insistió.
El comunicado de prensa va todavía más lejos al deslizar que la designación contradice ni más ni menos que la Constitución de Entre Ríos: "La especialidad en derecho penal no cumple con tal requisito constitucional para ocupar un cargo en la Sala Civil y Comercial".
Recelos con el avance de Concordia
Aunque el texto que hiciera llegar la seccional Paraná a los medios de comunicación nada dice respecto del nombramiento de otro concordiense, Rodolfo Jáuregui, para cubrir una vacante en la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones en la capital provincial, no hay dudas de que tampoco cayó bien."Tenemos nuestras objeciones y recelos respecto del nombramiento de Jáuregui. Siendo designado para cubrir un interinato en Paraná, es llamativo que no se cubra esa vacante con un juez o un abogado del fuero local. Sabemos que es Juez de Familia, es decir, es civil, y viene a integrar una Sala Civil. Por formación no hay objeciones, lo conocemos como un juez probo, con criterios mesurados y modernos para tomar decisiones, pero llama la atención su designación en Paraná", explicaron a El Entre Ríos desde el foro de la capital provincial.
El ignorado "reservorio de postulantes"
Por último, los cuestionamientos se extienden, aunque por otros motivos, al desembarco al frente de un Juzgado de Familias de Concordia de la ex Secretaria de Ambiente de Entre Ríos, la Doctora Belén Esteves."Afecta hasta la independencia para resolver poner a una funcionaria que no tiene la experiencia en la materia, no tiene ejercicio reconocido en la profesión y que nunca concursó para cubrir el cargo. Porque esto último era un criterio que se venía teniendo, el de ir cubriendo vacantes con profesionales que habían expuesto su trayectoria y su conocimiento ante el Consejo de la Magistratura. Ese es un reservorio de postulantes para designar provisoriamente hasta que se concurse el cargo. La Doctora Esteves no se presentó a concurso nunca" explicó uno de los directivos de la Seccional Paraná del Colegio de Abogados.
"Que nombren funcionarios sin experiencia alguna -insistió- pone en riesgo a los abogados y sobre todo a sus clientes. Hacemos los escritos, la peticiones, con plazos perentorios, con determinadas prácticas, y de repente se somete todo eso a juzgamiento de alguien sin experiencia, sin ejercicio. El problema mayor no es de los abogados sino de los clientes, que exponen su vida y/o su patrimonio en un trámite".
La "promesa incumplida" de Bordet
En el foro paranaense aseguran que en el mes de agosto hubo "una reunión del Colegio de Abogados central con representantes de las seccionales de toda la provincia en la Sala de Gobernadores en Casa de Gobierno. Allí se planteó que para cubrir la vacante del Superior Tribunal era de interés del Colegio que se designara un abogado de la profesión libre. El gobernador Bordet se comprometió ante todos los presentes a designar a alguien conforme a los antecedentes académicos y trayectoria. Después termina saliendo esta decisión".- ¿Están ante una promesa incumplida? -preguntó El Entre Ríos.
- Sí. Claramente.
Textual, el comunicado de los abogados de Paraná
"Ante la nueva vacante originada en el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y la reciente designación interina, esta institución reafirma su convicción respecto que la misma debe ser cubierta por un profesional del derecho probo, ético, formado y recto, con la suficiente experiencia en la materia, a fin de lograr cumplir con excelencia la honorífica función que se le encomienda.Entendemos que todas las cualidades antes apuntadas pueden encontrarse en numerosos abogados que ejercen libremente la profesión.
Sería de una sana y sabía conducta, considerar a un candidato que emerja del espacio del ejercicio libre de la abogacía, ya que en los últimos años esto no ha sido así.
La 'especialidad' de dicho profesional, en relación al cargo de vocal de la Sala Civil y Comercial, también es un tema de preocupación para los abogados y creemos firmemente que debe ser considerado y respetado, ya que la misma está estrechamente vinculada con la idoneidad exigida en la Constitución Provincial para ocupar cargos públicos.
La especialidad en derecho penal no cumple con tal requisito constitucional para ocupar un cargo en la Sala Civil y Comercial.
La composición del Superior Tribunal de Justicia con especialidades distribuidas en Salas refleja y exige tal criterio sin duda alguna.
No desconocemos la facultad del Poder Ejecutivo de proponer al candidato a ocupar un lugar en el más alto Tribunal de la Provincia, pero confiamos en que los Poderes Públicos (Ejecutivo y Legislativo) cumplan con la exigencia constitucional de idoneidad –especialidad-, estando aún a tiempo para ello.
Aprovechamos esta oportunidad para revalidar una postura histórica y coherente de la Sección Paraná sobre la necesidad de que las vacantes de los Tribunales sean cubiertas provisionalmente conforme criterios objetivos, como ser la especialidad y experiencia en el fuero y orden de mérito en concursos anteriores. La sanción de una ley que reglamente esta problemática es de suma importancia y prioridad a los fines de evitar arbitrariedades e injusticias."
