El Ministerio Público Fiscal le adjudica la autoría material de delitos tales como “peculado”, “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, “omisión de deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad”.
Según pudo averiguar El Entre Ríos, en el primer encuentro del juicio se llevaron a cabo los alegatos de apertura, el fiscal explicó la acusación y la defensa planteó sus hipótesis y los argumentos con los que pretenden probar la inocencia de Mazurier.
Además, les ofrecieron a los imputados la posibilidad de declarar. Mazurier, Villanueva y Mengeón optaron por no hacerlo y dijeron que más adelante lo harán.
En cambio las contadoras Teresita Bordón y Florencia Lauría sí hablaron y explicaron en qué consistía su actividad. Rechazaron la imputación, diciendo que dieron cabal cumplimiento a lo que se les pedía, que era rendir cuenta solo sobre las partidas de dinero remitidas por el gobierno provincial y no de otros ingresos.
Desde este martes 26 pasarán a prestar declaración 7 testigos por día, según acordaron las partes.
En la lista de quienes prestarán testimonio hay varios nombres conocidos, entre ellos aparecen el actual gobernador, Gustavo Bordet y el ex Sergio Daniel Urribarri. También figuran el Ministro de Economía, Hugo Alberto Ballay; el Senador Nacional Edgardo Kueider, el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes; el expresidente de la Delegación Argentina ante la CTM, Juan Carlos Chagas; los exdelegados en Salto Grande, Néstor Berterame y Enrique Stola; el sucesor de Mazurier al frente de la CODESAL, José Carlos Ostrosky; el abogado Enrique Oscar Bacigaluppe y la funcionaria de CTM, Sara Inés Chapado.
Los hechos por los que acusan a Mazurier
El Ministerio Público Fiscal asegura haber reunido pruebas contundentes que demuestran que Luis Mazurier se apoderaba del dinero que se cobraba por canon de ingreso de vehículos, embarcaciones, instalación de carpas, alquiler de parrillas, alquiler de cabañas, alquiler de servicio de Directv y otros emolumentos en “La Tortuga Alegre”, en el Complejo Termal Perilago de Salto Grande y en el Camping Las Palmeras, Península Gregorio Soler y Balneario Punta Viracho.
También se lo acusa por haber incumplido con la obligación de inscribir en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a la Corporación del Desarrollo de Salto Grande (CO.DE.SAL).
Por último, basándose en testimonios de empleados del HOTEL AYUI y del ex Gerente, Enrique Oscar Bacigaluppe, Fiscalía asegura que Mazurier es su verdadero dueño y su administrador, realidad ocultada mediante la utilización de prestanombres, como Alejandra Isabel Cáceres, ahijada de Mazurier, y Alberto Jesús Villanueva, a quien varios testigos identifican como hijo Mazurier.
En resumen, lo que fiscalía procurará demostrar durante el debate oral y público es que Luis Mazurier se apropió del dinero que ingresaba a las arcas de la CODESAL por la explotación de diversos complejos bajo su administración, a la par que pergeñó una maniobra fraudulenta que le permitió quedarse con el Hotel Ayuí, apelando a testaferros.
El juicio oral que empezó este lunes es la culminación de un interminable recorrido, que comenzó el 18 de octubre de 2010 con la apertura de causa, oportunidad en que el entonces fiscal Aníbal Lafourcade dio los primeros pasos de la investigación. A posteriori, una vez que fuera designado juez, tomó la posta el Fiscal José Arias. El 1 de noviembre de 2019, fue elevado el pedido formal de remisión a juicio, en el que la fiscalía solicita para Mazurier la pena de “más de 10 años de prisión” y las inhabilitaciones que correspondan.
