A finales de diciembre, el Ministerio Público Fiscal desistió de una lista de casi 50 testigos que originalmente habían sido citados al megajuicio, entre ellos el fiscal de Estado. Pero los defensores tuvieron otro criterio, y fue hoy uno de los defensores de Urribarri, Marcos Rodríguez Allende, quien formalizó la petición para que Rodríguez Signes declare el martes, cuando se cerrará la etapa de producción de testigos en el megajuicio. De ese modo, se acordó que no habrá audiencias ni lunes ni jueves, y que la actividad se retome en febrero de 2022, después de la feria.
A finales de noviembre, el Ministerio Público Fiscal desistió de casi 50 testigos que tenía previsto convocar para que brinden su testimonio en el megajuicio al exgobernador Sergio Urribarri, sus exministros Pedro Báez, de Cultura y Comunicación; Hugo Marsó, ex ministro de Turismo, empresarios, parientes y funcionarios de menor rango que se inició el 27 de septiembre último y que involucra tres grandes casos de corrupción: la “causa de la vaca”; la del parador de Mar del Plata; y la distribución amañada de publicidad oficial a una empresa que, al momento de la contratación, no existía para el fisco.
El listado de los testigos desistidos por la Fiscalía lo integra el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el exministro de Economía, Diego Valiero; los extitulares del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, Hugo Molina, Guillermo Smaldone y Federico Tomas; la Fiscal de Cuentas de ese organismo Lucrecia María Evengelita Zuttión; y, entre otros, el Contador General de la Provincia, Aurelio Miraglio.
“Quería informar y peticionar al tribunal, que hemos llegado a un consenso con el Ministerio Público Fiscal y con los demás defensores, y pido autorización para cerrar, el día martes, la etapa probatoria de lo que son los testigos que faltan”, anunció ante el presidente del tribunal, José María Chemez, el defensor Rodríguez Allende. De ese modo, se cierra esta etapa del megajuicio y restará para febrero, cuando se retome la actividad en Tribunales, la declaraciónde los 5 imputados que todavía no hablaron en el recinto, entre ellos Maximiliano Sena, “prestanombres” del cuñado Juan Pablo Aguilera, según Fiscalía; Luciana Almada, esposa de Aguilera, y Alejandro Almada, cuñado del cuñado.
Pero también faltan dos declaraciones de imputado clave: el exgobernador Urribarri y su cuñado Aguilera.
El presidente del tribunal -que conforman, además de José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón- reclamó a los defensores que también declarasen algunos de los cinco imputados el martes próximo. Pero Miguel Cullen argumentó que como pasará las fiestas de fin de año fuera de la ciudad no tendrá tiempo de preparar la declaración con sus defendidos.
“Ha causado sorprensa en el tribunal saber que no declaran los imputados el próximo martes, de todos modos vamos a hacer lugar al pedido de la defensa con el fin de garantizar el derecho de defensa”, dijo Chemez, que aceptó que los cinco imputados que restan declarar -Urribarri, Aguilera, Luciana Almada, Alejandro Almada y Maximiliano Sena- lo hagan entre el 1° y el 7 de febrero. “Ese día, el 7 de febrero, se cierra la etapa probatoria con la última declaración de imputado. Queremos que quede claro porque es la fecha final. Esperamos que podamos dar por finalizada esta etapa del proceso”, señaló Chemez.
El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull quiso saber cuándo serían los alegatos de las partes, y la respuesta del tribunal fue que esa parte del juicio arrancará el 8 de febrero.
Qué se investiga
El megajuicio incluye tres grandes causas unificadas en un único expediente: e N° 11.808, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Tórtul, Gustavo Javier; Céspedes, Hugo Félix; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Marsó, Hugo José María; Caruso, Gerardo Daniel. S/Peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”; N° 4.385, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeht; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano. S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública”; y N° 6.399, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Buffa, Germán Esteban. S/Negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública”.En lenguaje llano, el proceso que sentó en lo que popularmente se conoce como la “causa de la vaca”: el direccionamiento de las pautas de publicidad estática en vía pública a través de un procedimiento “cartelizado” en la que participaban siempre las mismas firmas publicitarias: Tep SRL y Next SRL, propiedad de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, que tuvo socios “prestanombres”, en palabras de la Fiscalía, Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena, y la valiosa colaboración para llevar adelante la maniobra en la contadora Corina Cargnel. De ese ardid participaban las empresas Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay, y Jesús Bustamante, de Paraná. Este último zafó de la causa mediante un juicio abreviado en el que reconoció que pagaba coimas a Aguilera para seguir en el circuito de la contratación desde el Estado entrerriano.
Con esas maniobras, se manejaron pautas de publicidad por $21.500.000, cifra que dolarizada, da la suma de 3.250.000 dólares. Las empresas Tep SRL y Next SRL fueron creadas en 2009 por Aguilera con el objetivo de centralizar las contrataciones de publicidad estática en vía pública por parte del Gobierno provincial, de acuerdo a la tesis del Ministerio Público Fiscal.
