La Asamblea Legislativa convocada para este jueves a las 9, ante la ausencia de legisladores oficialistas, no tuvo el quórum necesario para tratar el veto del gobernador Gustavo Bordet a la ley que establecía el control por parte del Tribunal de Cuentas de las contrataciones de alto costo económico. Habrá un segundo llamado a sesionar, convocado para el 29 de agosto, a las 9 de la mañana. Si fracasa, habrá una tercera convocatoria, que puede realizarse con el tercio de los legisladores presentes.
El senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos) sostuvo: “Esto que sucedió atenta contra la transparencia y el sistema republicano”. Sobre la trama respecto del veto de la ley, el legislador recordó: “Cuando salió la acordada del Tribunal de Cuentas para hacer el seguimiento de la contratación de alta significación económica el gobernador decretó su derogación”.
En este sentido, acotó que “luego envió un proyecto de ley para reglamentar el artículo 213 de la Constitución Provincial. Se aprobó en Diputados y cuando ingresa al Senado yo presento un proyecto alternativo. El Ejecutivo entonces envía un nuevo proyecto, tomando en gran medida el mío, que básicamente se basaba en la acordada del Tribunal de Cuentas. Después de idas y vueltas se aprueba el proyecto del Ejecutivo”.
Finalmente, “el 5 de agosto el gobernador dicta un decreto vetando la ley y este jueves debía hacerse la Asamblea Legislativa”, expresó Kisser, y añadió que “los legisladores del Frente para la Victoria anunciaron que no iban a concurrir, por lo cual entendíamos que no era necesario convocar a los legisladores de Cambiemos para algo que no se iba a llevar adelante”.
“El veto implica que el único control que va a tener el gobierno cuando haya transacciones de alta significación económica será el de la Contaduría de la Provincia”, aseveró Kisser.
Por último, el senador remarcó que “todo esto demuestra una vez más que el Gobierno provincial no quiere que se lo controle, ni que se lo vigile. Ya lo vimos con la contratación que hicieron con los chinos por el cierre energético norte, donde presentamos una denuncia penal y sostenemos que hubo sobreprecios”.
