Es asombroso. Sergio Urribarri resultó ser productor de "arroz y soja", según él mismo lo ha admitido, apenas 11 días después de entregar la banda y el bastón.
Gobernó ocho años la provincia y sus gobernados jamás nos enteramos que hacía negocios con ese "yuyo maldito que ni siquiera mata el glifosato", como lo definió alguna vez Cristina Fernández de Kirchner.
No hace falta aclarar que nada tiene de malo que el ex mandatario y actual diputado provincial haya elegido plantar soja para acrecentar su patrimonio. Lo patético es que su actividad no haya sido transparentada al pueblo dando a publicidad sus declaraciones juradas patrimoniales, año tras año.
Una década de ferviente alineamiento con el modelo nacional y popular, fomentando prejuicios hacia todo lo que huela a campo y a chacareros en 4 x 4, cuestionando la sojización que desplazó a otras actividades agropecuarias en la provincia y en el país, para finalmente enterarnos que el principal soldado entrerriano del "proyecto" pudo comprarse una península en el Lago de Salto Grande plantando soja en "campos arrendados", mediante una Sociedad Anónima.
Hizo falta que Daniel Enz publicara un listado de algunos bienes que pertenecerían al ex gobernador, y que dos abogados, Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, se animasen a presentar esos datos en la Justicia, para que Sergio Urribarri tuviera un primer gesto, tan precario como tardío, en pos de esa transparencia que no cultivó mientras fue gobernador, aunque sí, por lo que acabamos de enterarnos, cultivó otra cosa: soja.
Intereses particulares
Según el Artículo 37 de la Constitución de Entre Ríos, los funcionarios de los tres poderes del Estado deben "abstenerse de intervenir desde la función en actos en los que tengan vinculación, sea personal o a través de terceros que él represente o patrocine o cuando tuviera un interés particular, laboral, económico o financiero". ¿Se habrá abstenido Urribarri toda vez que su gobierno reguló la actividad de arroceros y sojeros, lo mismo que en todo lo relacionado a las fumigaciones, siendo que él -como ahora nos venimos a enterar- tiene un interés particular en esos asuntos?
¿Habrá nuevas sorpresas aparte de esta insólita confesión?
¿De cuántas cosas más nos enteraremos de aquí en más, si es que la Justicia tiene a bien despejar toda sospecha investigando a fondo el asunto y Urribarri persevera en su flamante disposición a aportar datos?
Aunque había dejado trascender que él en persona concurriría este martes a Tribunales, finalmente envió en su representación al multifacético Doctor Marcos Rodríguez Allende, funcionario público titular del EPRE, en cuya nutrida lista de defendidos figuran varios reconocidos narcotraficantes de la provincia, como Gonzalo Caudana y "Petaco" Barrientos.
Declaraciones juradas secretas y en sobre lacrado
Llevamos años accediendo a las declaraciones juradas de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, por poner sólo dos ejemplos del ámbito nacional. Pero de Sergio Urribarri, nada. Nada de nada.
Y ello en razón de que en Entre Ríos no hay aún una ley similar a la nacional, que ordene a los funcionarios a presentar sus declaraciones juradas de bienes y hacerlas públicas.
Al no haberse cumplido con el artículo 37 de la Constitución entrerriana jurada en 2008, que ordena dictar una nueva "Ley de Ética Pública", vale suponer que aún rige la antigua 3886, del año 1953, cuyo artículo 9 establece: 'Las declaraciones juradas se presentarán bajo sobre lacrado firmado y serán de carácter secreto'".
Si preguntamos a las nuevas generaciones qué es un sobre lacrado, lo más probable es que no tengan ni la menor idea. Es un despropósito que el lacre aún perdure en Entre Ríos en plena "era del acceso", como llamó Jeremy Rifkin a estos tiempos donde la información fluye en las redes en tiempo real.
En Agosto de 2013, desde esta misma columna sugerí a Sergio Urribarri que fuera "artífice de un acto ejemplar" y "se apurara a elevar a la legislatura un proyecto que haga públicas, de acceso libre, las declaraciones juradas de los gobernantes y funcionarios de Entre Ríos, que aún permanecen bajo siete llaves. Publique la suya como gesto contundente. Deje que cada cual diga lo que le parezca, pero evite que se piense que oculta penínsulas o lo que fuere".
Pero no lo hizo.
No fue la única omisión en la que incurrió.
Sin fiscal anti corrupción
Tampoco se preocupó Sergio Urribarri por dar cumplimiento al artículo 208 de la Constitución de Entre Ríos, que crea la figura de un "Fiscal del Ministerio Público, con competencia en el territorio de la Provincia, que tendrá a su cargo, la investigación y acusación de los hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública. Su titular y demás integrantes serán fiscales designados con intervención del Consejo de la Magistratura. La Procuración General asegurará los medios, el apoyo tecnológico, la continuidad y estabilidad, para el cumplimiento de su cometido".
Pasando en limpio, se fue de la gobernación el 10 de diciembre último sin haber instrumentado tres pilares básicos de la transparencia:
* Una ley de ética pública.
* Dar a publicidad las declaraciones juradas.
* Crear la fiscalía especializada en corrupción.
Prefirió aguardar a que lo denunciaran para recién entonces mandar a su abogado a presentarse en los tribunales con información.
¿Exhibirá el contenido de los sobres lacrados con sus declaraciones juradas desde 1991 a la fecha, cuando asumió como legislador provincial?
La encrucijada del Procurador General
La denuncia penal de Pagliotto y Mulet cae en manos de un hombre a quien Urribarri sientió muy cercano: el Procurador General del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Amilcar García.
El mismo que lo ayudó a gambetear la citación a declarar como testigo en el juicio por sedición a los policías de Concordia.
En ámbitos tribunalicios se tiene por cierto que la estrecha relación entre Urribarri y García le costó la cabeza al secretario de Justicia de la provincia, Rubén Virué, por haberse atrevido a preguntarle a Marcela Badano, postulante a la Cámara de Casación Penal, si su relación con el jefe de fiscales (o sea, García, de quien es pareja) afectaría su independencia.
Con semejantes antecedentes, ¿podrá el Procurador General guardar la independencia necesaria para investigar a Urribarri?
Este martes adoptó una señal positiva. Asignó el caso a dos fiscales tenidos por serios: Patricia Yedro y Santiago Brugo.
No aclare que oscurece
Del comunicado con el que Urribarri salió al cruce del informe de Daniel Enz emergen más interrogantes que certezas.
Por ejemplo, el ex gobernador asegura que sembró arroz y soja "sobre inmuebles arrendados". ¿Dónde están esos campos y a quiénes pertenecen? ¿Qué respaldo tienen para haberlos adquirido?
Dice también Urribarri que alquila el departamento de calle Córdoba, del mismo modo que su hijo Mauro es inquilino desde 2009 en el departamento de calle Alameda de la Federación. De ser así, también en estos casos vale que sean identificados los dueños.
Por último, deberá también el actual presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos poner a disposición de la justicia los datos de sus cuentas bancarias en la Argentina y/o en el exterior, al igual que toda otra adquisición de bienes efectuada a nombre propio o de terceros.
Sólo así, con todas las cartas sobre la mesa y una Justicia independiente que vaya hasta el fondo del asunto (tal vez sea pedir un imposible), se podría dilucidar si su patrimonio es lícito.
"Por pudor, como gobernante, viví de tu sueldo, no podés enriquecerte", pidió alguna vez el Padre Andrés Servin. Un ideal que no está de más recordar, aunque en este contexto suene a ingenuidad.
