En cuanto a las viviendas ociosas, se gravaría “con el 60% el valor de tasa general inmobiliaria a toda vivienda que se encontrare desocupada por el término de 5 meses, esté o no a la venta”.
En tanto, se crearía la Oficina Municipal del Inquilino dependiente de la Dirección de Legal y Técnica, conformada por representantes del mercado inmobiliario, la oficina de defensa del consumidor y un concejal de cada bloque, bajo la coordinación del Presidente Municipal o quien este designe. Entre sus objetivos, estarían los de brindar asesoramiento legal e intervenir frente a denuncias. Ademas, contaría con un registro de inmuebles en alquiler y potenciales inquilinos.
