En su dictamen, Stornelli entendió que la jueza María Romilda Servini “debe declararse incompetente en razón de la materia y del territorio, debiendo remitirse estos actuados a conocimiento de la jurisdicción pertinente conforme lo antedicho”, supo Análisis.
Además de calificar como “operadores judiciales” a quienes intervinieron en las causas contra Urribarri y de considerar los expedientes como “causas armadas”, los abogados de Urribarri solicitaron información de telefonía celular de jueces, de fiscales y hasta de la intendenta de Paraná, Rosario Romero, como así también del director del medio Análisis, Daniel Enz, para demostrar, supuestamente, el entramado entre tales protagonistas para derivar en denuncias contra el exmandatario condenado. La defensa insistió en la “inocencia” de Urribarri y reclamó que siga en libertad ante el pedido de prisión preventiva y señala que el condenado se encuentra deprimido por toda esta situación. Además, Urribarri declaró ante el fiscal donde radicó la denuncia.
“Es palmario y por demás evidente que V.S. carece de competencia para entender en los mismos, tanto en razón de la materia como del territorio”, evidenció el fiscal federal Stornelli, en el dictamen de este viernes.
En ese orden, señaló que “la denuncia refiere, pura y exclusivamente, a presuntos hechos ilícitos que habrían ocurrido en ajena jurisdicción territorial –Provincia de Entre Ríos-, referidos a procesos judiciales enteramente allí desarrollados, siendo, quienes allí se sindican como posibles responsables de los mismos, funcionarios públicos del ámbito estrictamente local, integrantes del Ministerio Público Fiscal como del Poder Judicial de aquella provincia”.
Y agregó: “De otro lado, la sola invocación por parte del denunciante del otrora cumplimiento de funciones federales (tal la de Embajador ante el Estado de Israel), tampoco alcanza, si acaso esa fuera la intención, para excitar la competencia Federal en este ámbito de actuación, puesto que los hechos por los que se considera damnificados se vincularían a presuntas acusaciones o decisiones judiciales que habría atravesado en su condición de entonces Gobernador de la Provincia de Entre Ríos y no en ocasión del ejercicio aquellas funciones federales”.
En otro punto, Stornelli señala que “habilitar la investigación de los hechos denunciados ante este Fuero Federal de la Ciudad de Buenos Aires, tal como se solicita en la denuncia, implicaría, a mi juicio, una posible y palpable afectación de las garantías constitucionales, entre ellas la del juez natural”.
Tras el dictamen del fiscal, será ahora la jueza federal quien deba resolver.
