La iniciativa, impulsada por el macrista Federico Pinedo y la exsenadora Liliana Fellner, fue aprobada en la Cámara alta el 2 de noviembre de 2016 y obtuvo dictamen en Diputados a fines de 2017, pero no fue tratado en el recinto.
A lo largo de este año el proyecto no se debatió pero, en la antesala del final del período ordinario, la Comisión de Comunicaciones e Informática recibió a representantes de medios de comunicación que expresaron su rechazo al texto.
El eje de la iniciativa era establecer que los proveedores de Internet no son responsables por los contenidos generados por terceros, excepto cuando hayan sido notificados de una orden judicial que los intime a alguna acción en concreto para eliminar un enlace específico publicado.
Sin embargo, en las últimas horas el propio Pinedo reconoció que había que introducir cambios a la norma. “Distintas entidades de la cultura que defienden los derechos de autor de sus asociados cuestionan un proyecto mío sobre Internet. Comparto absolutamente la necesidad de modificar el proyecto para proteger los derechos de autor”, escribió el Twitter el senador.
En el encuentro de este jueves, la diputada Karina Banfi reconoció que “no hay ánimo de avanzar con este proyecto de parte del Gobierno, de Cambiemos y de su autor”. La radical explicó que la propuesta tenía como fin “la posibilidad de proteger la libertad de expresión de los ciudadanos en el marco de las nuevas tecnologías”.
“Quizás no es la redacción más feliz”, señaló y remarcó que “tuvo principalmente un foco técnico”, al tiempo que dijo que si no había sido todavía tratado es porque “trabajamos para que tuviese más estudio”. Y agregó “La idea y la propuesta de Cambiemos es empezar de nuevo”, informó.
Banfi subrayó que hay que evaluar “cuál debería ser el real tratamiento que tenemos que tener en materia de responsabilidad sobre los contenidos que se expresan, se elaboran y se manifiestan en estas nuevas plataformas” ya que “hay que ser muy cuidadosos en cómo podemos trabajar en una nueva redacción que fortalezca, sin dudas, la libertad de expresión ciudadana” ante “un nuevo actor que produce su propia información”.
Por el Frente para la Victoria - PJ, el legislador Pablo Carro aseguró que “efectivamente es un tema en el que tenemos que avanzar” y pidió que “nos aboquemos a este tema ni bien empiecen las sesiones el año que viene”. Además, destacó que podría haber en este proyecto temas relacionados con las “fake news” que “van a ser un problema” de cara a las elecciones.
Por su parte, el presidente de la Comisión, Juan Brügge (Córdoba Federal), dijo que “el derecho ha quedado hackeado frente a estos nuevos medios” y “no tenemos reglas en el mundo digital, y tienen que existir”. “Hay que trabajar en conjunto en un nuevo texto”, coincidió y prometió: “Vamos a poner en agenda la creación de una subcomisión donde vamos a invitar a todos los sectores que tienen algo que decir”.
También adelantó que conversó con el titular de la Cámara baja, Emilio Monzó, para convocar en marzo de 2019 a una jornada con “los presidentes de comisiones de comunicaciones latinoamericanas, porque es un tema que hay que tratarlo desde el punto de vista regional, continental”.
El rechazo de los medios
El presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Martín Etchevers, señaló que del proyecto “surge una desprotección a la propiedad intelectual sobre los contenidos, que es el derecho y la herramienta que los editores tenemos para defender el valor de lo que producimos y, por lo tanto, para sostener nuestro financiamiento”.Cuestionó que “quienes utilizan de algún modo ese contenido, y obtienen beneficios directos o indirectos a partir del mismo, no tienen obligaciones frente a quienes lo producen” y este es un tema que “le está preocupando a toda la comunidad periodística mundial”.
“El periodismo profesional, con sus imperfecciones, cumple un rol en el sistema democrático que no ha sido reemplazado ni por las plataformas ni por las redes sociales”, agregó.
Por su parte, el CEO de Perfil, Jorge Fontevecchia, reflexionó que “el problema que tenemos esencialmente es un nuevo colonialismo económico”, en el cual “empresas como Google tienen en Argentina un puñado de funcionarios y se llevan de publicidad más que la suma de todos los canales de televisión de Argentina”.
“Detrás de esto no hay un tema de libertad de expresión, es un tema completamente económico. Facebook y Google se están quedando con el 80 por ciento de la publicad mundial. Cuando ellos piden que no haya regulaciones, que haya excepción de responsabilidad, de lo que están hablando es de costos”, añadió.
En tanto, Eugenio Sosa Mendoza, de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentina (ATA), remarcó que “los grandes jugadores globales afectan la competencia, tienen en general una falta de regulación y generan poca empleabilidad” en el país.
“¿Cómo puede ser que estos operadores globales no tengan ningún tipo de restricciones como tenemos nosotros?”, se preguntó y mencionó que la Ley de Medios, si bien ha sido modificada, “tiene una matriz del siglo XX y no se ha amoldado a todos los requerimientos que tenemos”.
Sosa Mendoza recomendó “contextualizar la situación de los medios, ver de qué modo defendemos los contenidos, la producción, la inversión y el esfuerzo en la contratación de periodistas calificados”. Y pidió “quitar las mochilas competitivas que tenemos los grandes medios tradicionales argentinos frente a los grandes jugadores globales”.
