En síntesis, los camiones que partían con cargas de mercaderías varias muy costosas tenían como objetivo llegar a Chile. En lugar de realizar el trayecto más corto e ingresar a Argentina por Gualeguaychú, se dirigían hacia Concordia, alargando 240 kilómetros el viaje, generando un costo extra innecesario. Allí se fraguaban los datos en las actas tras falsos controles de las cargas. En el territorio nacional se descargaba parte de la mercadería, que entraba en circulación sin el pago de impuestos de importación.
Se calculó que las diferencias entre el valor declarado y el real habría alcanzado los 3 millones de dólares, en mercadería muy variada, principalmente de los rubros electrónica, bazar, ferretería e informática.
Los dos acusados que llegaron a juicio son: Eduardo Burgos, quien era el administrador de la Aduana de Concordia, y Eduardo Mella, un subalterno del organismo.
El caso tuvo numerosas dilaciones por diversos motivos, ante la gran cantidad de imputados. Incluso apelación tras apelación el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En total fueron 23 imputados, entre personal aduanero y transportistas. De ellos, 15 llegaron a acuerdos de reparación económica, mientras que seis quedan prófugos (son transportistas chilenos que no pudieron ser ubicados). Llegaron a juicio los dos mencionados.
El debate transcurrió a lo largo de un año, desde noviembre del año pasado hasta esta semana en el Tribunal Oral Federal de Paraná. Declararon decenas de testigos, casi todos con sus recuerdos afectados por el paso del tiempo, o al menos eso es lo que referían en las audiencias.
Este miércoles comenzó la etapa de los alegatos finales. El abogado querellante de la Aduana, Mario Giachello, pidió condenar a cuatro años de prisión a Burgos, mientras que solicitó la absolución de Mella.
El fiscal general José Ignacio Candioti y el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy solicitaron la pena de cinco años de prisión para Burgos, por tratarse de quien tenía el principal deber de control en el área donde ocurrían los hechos supuestamente delictivos. En tanto que para Mella pidieron tres años y dos meses de prisión, según pudo registrar el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral).
El próximo viernes serán los alegatos del abogado defensor de los dos imputados, Daniel Cedro.
La acusación pública
Según la requisitoria fiscal, los hechos investigados ocurrieron entre mediados de 2002 y agosto de 2003, y está descripta de esta manera:“Comenzaban con la carga de mercaderías en zona franca uruguaya, donde el despachante de aduana uruguayo interviniente confeccionaba la documentación para el tránsito internacional con destino a Chile (DUA de salida del Uruguay) en el que se plasmaba una confusa y falsa descripción de valores, pesos, unidades de medidas, tipos de bultos y posiciones arancelarias, con el propósito de pasar el control aduanero argentino”.
“El siguiente paso era realizar, por ante ANA Argentina (Administración Nacional de Aduanas) destinaciones suspensivas de tránsito de importación directo en los términos de los arts. 296 y 297 inc. “A” del Código Aduanero, con agentes y auxiliares que mediante diversos actos (acta de inspección ocular ‘conforme’, pesaje, otorgamiento de nuevos precintos, no intervención de casos que la hubieran requerido, rectificación de valor) posibilitaban el accionar ilícito. Las destinaciones, consentidas y adulteradas, permitían el ingreso al territorio aduanero argentino de una cantidad mayor de mercaderías que las documentadas (mayor valor y peso)”.
“Esa diferencia de mercaderías se descargaba en territorio argentino. Se presentaba en la Aduana de salida de nuestro país Mendoza el mismo MIC/DTA (con acta de inspección y pesaje de la aduana de Concordia), cuando parte de las mercaderías amparadas habían sido descargadas en el trayecto por nuestro país. Dicho documento reflejaba falsedad en las cantidades, peso y valor”.
Fueron 42 las operaciones investigadas “de cargas de mercaderías en zona franco uruguaya, la ANA Argentina hacia destinaciones suspensivos de tránsito de importación directo, la diferencia de mercadería se descargaba en territorio argentino y salía por Mendoza el resto de la mercadería”
Reparación económica
En noviembre del año pasado, al comenzar el juicio, 13 imputados acordaron realizar pagos de dinero a instituciones de bien público. El TOF hizo lugar a este instituto que se viene implementando en distintas causas desde hace un tiempo. “Era viable que este proceso penal concluyera mediante el instituto de reparación integral, compartiendo los argumentos que había emitido el MPF (…) Tendiendo además en cuenta los veinte años que han transcurrido de la constatación de los presuntos ilícitos”, sostuvo la resolución firmada por Lilia Carnero.Agregó que “la prolongación temporal apuntada, operó como prevención especial en cada uno de los incursos, pues luego de este proceso, no existieron, según el RNRP otros antecedentes penales”. Al tiempo que aclaró: “Sin duda, que es exigencia de este Tribunal acortar los tiempos procesales, en la emergencia no fue posible, pues las causas con personas privadas de su libertad, ocuparon y ocupan la apretada agenda del mismo”.
Los acusados que eligieron esta vía fueron: Fernando Montoreano, Federico Hanson Rosende, Virginia Catalina Silvano, Guillermo Iacobelli, Jorge Alejo Barrera, Eduardo Horacio Cristina, Benjamín García Calvo, Robert Trombotti Fernández, Fernando Alfredo González, Omar Alberto Custodio, Jorge Dufau, Juan Carlos Impringlio y Sergio Alejandro Impringlio.
La mayoría pagó sumas de entre 2 y 3 millones de pesos, uno reparó la situación con 15.000 dólares y el excandidato a intendente de Concordia, Eduardo Cristina, pagó 18 millones de pesos. Desde hospitales y escuelas a comedores comunitarios e instituciones que trabajan en la problemática de las adicciones estuvieron entre las beneficiadas.
Además, había ocho personas de nacionalidad chilena que estaban prófugas de la Justicia. Se trataba de los transportistas que participaron de aquellas maniobras delictivas. Como no los pudieron ubicar, se dictó su rebeldía y pedido de captura.
En julio de este año, dos de ellos cruzaron al territorio argentino y saltó el alerta, les informaron de la situación y, en comunicación con el TOF de Paraná, dijeron que no estaban enterados de su citación, ya que los domicilios que figuraban hacía muchos años que no vivían más allí. Posteriormente estos dos chilenos realizaron un acuerdo de reparación de 2.000 dólares cada uno.
