La medida fue dictada por el juez federal Pablo Seró, quien dejó a salvo su opinión en contrario y aclaró que lo hacía para “superar el estado de estancamiento” en que se encontraba la causa y siguiendo lineamientos de la Cámara Federal de Apelaciones.
Los hechos habrían ocurrido en mayo de 2021 y llegaron a la Justicia a raíz de una denuncia de trabajadores -oriundos de Misiones- que realizaban tareas de desmonte y raleo de troncos de eucaliptos en un campo de Spañoletti, ubicado en Colonia Ayuí.
Hacinados, mal alimentados e incomunicados
De acuerdo al procesamiento, los obreros sobrevivían casi en condiciones de esclavitud, hacinados en un motor home y en un refugio para animales de corral con goteras.No tenían agua corriente ni luz eléctrica y tampoco baño.
Dormían en el piso, en colchones deteriorados, sin sábanas.
La alimentación también era escasa cuando se las proveía la persona que los había contratado y había días en los que no tenían para comer. Cocinaban a la intemperie, con leña.
Si bien algunos contaban con teléfono celular, en el campo no había señal, por lo que estaban incomunicados.
Los trabajadores señalaron como su empleador a Andrés Alberto López, dueño de un aserradero en La Criolla, asegurando en sede judicial que nunca trataron con Spañoletti, aunque también dijeron que iba casi todos los días al campo para atender a las vacas, ovejas y un pequeño emprendimiento apícola.
¿Quién era el dueño?
El campo, efectivamente, está registrado a nombre de Spañoletti, aunque él asegura haberle vendido a López una porción de cinco hectáreas de monte en dos millones de pesos.Según sus propias palabras, la operación se habría realizado “en negro”, sin la intervención de un escribano, con la firma que ambos estamparon en un papel como única garantía y que López le había pagado en dos veces y en efectivo.
En su declaración indagatoria, dijo además que no tenía injerencia en el trabajo de desmonte ni con las personas que realizaban esa tarea y que “López estaba autorizado por el boleto de compra venta a introducir el personal que sea necesario para hacer la cosecha o la tala”.
Del mismo modo, negó haber autorizado que los trabajadores se quedaran a dormir en el campo y que López se lo hubiera pedido porque el contratista le dijo que “los iba a llevar y traer porque tiene un aserradero en La Criolla”, donde supuestamente vivirían y dormirían los obreros. Pero quien contradice esa explicación es el propio Spañoletti, en un mensaje de voz que le envió a López unos días antes del operativo y fue recuperado de su teléfono celular:
–Andrés, fíjate esa gente que quedó ahí en el colectivo, eso me va a hacer daño nomás en cualquier momento, viste. Están al pedo ahí.
La fiscal Josefina Minatta ha insistido en que esas pruebas revelan que Spañoletti tenía pleno conocimiento y aceptaba que las víctimas se hospedaran en su estancia, a la que asistía diariamente, en esas condiciones.
Pero el juez Seró consideró que estos elementos no eran suficientes para sostener una acusación contra el exfuncionario y le dictó una falta de mérito, que fue revocada y luego el sobreseimiento, también revocado por la Cámara Federal de Apelaciones.
