En los fundamentos de su iniciativa, el legislador peronista se basa en que desde que se dictaron esas disposiciones de carácter interno del Colegio de Odontólogo “se verificó el inicio de actuaciones sumariales a diversos profesionales por ‘incumplimiento a normas arancelarias’”. “Estas actitudes de la entidad colegiada son reveladoras de cierta forma de imposición incompatible con los compromisos previos asumidos por los profesionales involucrados, provocando una innecesaria imprevisión sobre las acciones posteriores y anulando toda posibilidad de debate”, explica, señalando que “la problemática de mayor urgencia” afecta a Iosper.
Rebord sostiene que “la imposición forzada de su cumplimiento por parte del órgano colegiado”, “los efectos directos e inmediatos producidos en la población sanitaria y los matriculados” y “la afectación a compromisos previos y válidos concertados con obras sociales, mutuales, y demás entidades” ponen en “serio riesgo” la subsistencia del sistema de Salud.
Se cortó sólo
Enterado del proyecto de ley elaborado por Rebord, el Colegio de Odontólogos aclaró que nunca fue consultado.“Queremos reiterar que el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos está abierto a todo tipo de conversación, deliberación y entendimiento con todos los actores del sistema de salud de nuestra provincia, como también, con las autoridades legislativas y administrativas. El objetivo es llegar a los consensos necesarios que garanticen el acceso igualitario al servicio de salud los entrerrianos, sin menoscabar el derecho de los profesionales a recibir una remuneración justa”.
