Cuando fue votada "en general", la norma obtuvo 40 votos a favor (Vamos Juntos, Evolución y Mejor Ciudad) y 20 en contra (Unidad Ciudadana, GEN, Socialismo, Bloque Peronista, FIT, AyL). No obstante, los legisladores oficialistas de la Coalición Cívica rechazaron "en particular" los artículos referidos a la actividad de los trapitos. Se trata de la primera vez en el año que el bloque Vamos Juntos (PRO + CC) mostró fisuras a la hora de respaldar un proyecto del Ejecutivo. Tal vez un nuevo síntoma de las tensiones que existen entre Elisa Carrió y la Casa Rosada.
Fue por esta situación que el oficialismo buscó un mayor consenso que le garantizara los votos necesarios. De hecho, para la redacción final de la ley, en lo que se refiere a los cuidacoches, tomaron gran parte de un proyecto presentado hace tres años por el diputado socialista Roy Cortina.
"Mi proyecto no pone el énfasis en el 'trapito' individual -como sí hacía el original- sino que agrava las penas cuando hay organización previa, participación de barras o zonas liberadas por parte de la policía. Si no existe organización previa, no tiene pena de cárcel. Sí la tiene si forma parte de una organización. En ese sentido, es un proyecto que va contra las mafias", explicó Cortina.
Por esa razón, los dos legisladores de su bloque rechazaron el proyecto en general pero votaron favorablemente los artículos relacionados con los trapitos en particular. De modo similar, el diputado del GEN, Sergio Abrevaya, acompañó en particular los artículos sobre trapitos, cyberbullying, acoso, maltrato y volantes de oferta sexual.
El texto de Cortina fue incorporado porque incluía un cambio en la redacción que el oficialismo considera clave. Hasta hoy la norma penaba a "quien exija" dinero por cuidar un auto y ahora sanciona a quien "preste u ofrezca" el servicio. La nueva redacción se debió a que era muy difícil probar que el trapito había "exigido" dinero, entonces casi la totalidad de las denuncias quedaban en la nada. Con la nueva ley, el simple ofrecimiento ya constituye una contravención.
En la misma línea, Leandro Halperín, de Evolución, destacó que votaron a favor porque ya no se trataba de una ley del Ejecutivo sino de un proyecto "de la Legislatura". Desde el espacio que lidera Martín Lousteau también lograron modificaciones como incorporar la figura del "estado de necesidad justificante" que permite a los jueces evaluar la necesidad que pudo haber llevado a una persona a cometer una falta y así, en algunas ocasiones, evitar la sanción.
Al igual que los socialistas, los radicales también impulsaron la restricción de los arrestos a las conductas más graves como la organización mafiosa. En el proyecto original, tanto un trapito individual como alguien que pegue carteles en la vía pública podían ser arrestados. Finalmente, serán multados. Además, pidieron que en todas las contravenciones intervenga el Ministerio Público Fiscal para evitar los abusos policiales.
El Código Contravencional busca prevenir y regular los conflictos urbanos generados a partir de conductas que no llegan a ser delitos penales. Originalmente, fue sancionado con amplio consenso para reemplazar a los edictos policiales que les daban un poder demasiado discrecional a las fuerzas de seguridad.
Desde la oposición, denunciaron el espíritu "punitivista" del nuevo código que busca "criminalizar" a los trabajadores informales afectados por la crisis económica. También alertaron sobre los peligros de permitir las denuncias anónimas, que podrían aumentar la discrecionalidad del accionar policial.
Leandro Santoro, de Unidad Ciudadana, dijo que el Gobierno solo quiere "un enemigo interno" para justificar el "fracaso económico". La diputada del Bloque Peronista María Rosa Muiños señaló que el nuevo código "tiene la voluntad de darles un mensaje de mayor amplitud de acción a las fuerzas policiales en sintonía con el discurso de Patricia Bullrich".
Por su parte, Gabriel Solano, del FIT, coincidió en que el Gobierno porteño "está buscando un chivo expiatorio para la crisis" y denunció que "lo único que se va a incrementar es la capacidad de coacción del Estado para cobrarles coimas a los trapitos".
Desde el oficialismo, Daniel Presti -encargado de consensuar el texto final con los otro partidos- destacó la perspectiva de género de la reforma: "Tanto los trapitos como los limpiavidrios, el acoso sexual y el hostigamiento tienen una penalidad que se eleva al doble (cuando la víctima es mujer)".
Mientras que su compañero Francisco Quintana recordó que fue la sexta vez que el oficialismo puso en tratamiento el tema de los trapitos. "Estamos atendiendo a una demanda de larga data de la gente", explicó.
"A partir de ahora los vecinos de la Ciudad van a tener una legislación que los proteja de las mafias que operan en el espacio público y que ahora combatiremos desde el Estado con leyes más justas", resumió a Infobae el vicejefe de Gobierno Diego Santilli.
Todos los cambios en el Código Contravencional
Acoso sexual: la persona que acose sexualmente a otra será sancionada con 2 a 10 días de trabajo de utilidad pública, una multa de 80 a 400 unidades fijas o 1 a 5 días de arresto. Serán considerados agravantes que la víctima sea menor de edad, mayor de 70, tenga una discapacidad, cuando el acoso sea por parte de dos o más personas y cuando esté basado en desigualdad de género.
El hostigamiento o la intimidación a través de medios digitales también será sancionada con multas de 160 a 800 unidades fijas, 3 a 10 días de trabajo de utilidad pública o 1 a 5 días de arresto.
También será penado quien utilice la imagen o los datos de una persona para crear una identidad falsa tanto en redes sociales, como páginas web y otros medios.
Carteles de oferta sexual: pegar carteles o volantes con promoción de oferta sexual será penado con entre 5 y 30 días de arresto, el decomiso de los carteles y la clausura, si fuera un local, de entre 5 y 20 días.
Además, cuando la contravención sea en las inmediaciones de un estadio, si se prueba que hubo participación de personas vinculadas a un club las multas para la entidad irán desde las 5.000 a las 10.000 unidades fijas y la clausura de las instalaciones de 15 a 30 días.
Ruidos molestos: los ruidos molestos que afecten el descanso o la tranquilidad pública serán penados con entre 1 y 5 días de trabajo de utilidad pública o multas de 50 a 100 unidades fijas. Tras varias manifestaciones se excluyó los ruidos que podrían generar "las manifestaciones artísticas o culturales a la gorra".
La unidad fija utilizada como referencia para las multas equivale a medio litro de la nafta de máximo octanaje de YPF ($17,85) y por lo tanto se actualiza automáticamente con los aumentos de combustible.
La nueva reglamentación entrará en vigencia luego de ser publicada en el Boletín Oficial, aproximadamente en un plazo de diez y treinta días.
