Mediante el dictado del Decreto N° 1315/2019, de fecha 27 de septiembre de 2019, el Intendente Enrique Cresto había resuelto rescindir el contrato de concesión firmado con la empresa Puerto Príncipe S.A. en el marco de la Licitación Pública N° 44/2015 (por la que se le cedió la explotación de los dos galpones del Puerto de Concordia), alegando supuestos incumplimientos de las obligaciones asumidas en la cláusula cuarta del contrato.
Frente a tal decisión, la empresa promovió un incidente de suspensión de los efectos del acto administrativo ante la Cámara Contencioso Administrativa N°2 con asiento en Concepción del Uruguay, alegando que dicho decreto sería nulo.
El pasado 12 de diciembre, el Tribunal se expidió haciendo lugar al incidente promovido por Puerto Príncipe S.A., “…disponiendo la suspensión del acto administrativo instrumentado en el Decreto N° 1315/2019 hasta que adquiera firmeza la sentencia definitiva en los autos principales, sujeta a la condición resolutoria de que se interponga la demanda principal en el plazo de diez (10) días de efectivizada”, dice el fallo.-
Pasando en limpio, la Cámara decidió suspender el Decreto y por ende permitir que la empresa siga trabajando hasta que recaiga sentencia firme, por entender que el decreto tiene problemas de motivación. Dentro de los próximos 10 días, Puerto Príncipe S.A. debe interponer la demanda, cuya tramitación duraría un tiempo considerable que podría largamente superar el año, tiempo durante el cual seguirá explotando el boliche que representa su principal actividad. Los abogados de la empresa consideran que la decisión de la Municipalidad de rescindirle el contrato a Puerto Príncipe fue "sorpresiva", porque "no se tenía conocimiento de ninguna anormalidad en cuanto a la explotación del negocio", dicen, a la par que atribuyen a la Dra. María de los Ángeles Petit, ex Coordinadora de Gabinete, haber dado especial impulso a la rescisión.
El principal incumplimiento que se le endilga a la concesionaria sería la no construcción de la guardería náutica. En respuesta a ello, Gustavo Nuñez, apoderado de la empresa, arguye que la municipalidad nunca quiso que se instale dicha guardería porque quería darle otro destino al galpón, y que cuando pretendió iniciar las obras le solicitaron el galpón N°1 por el término de dos años para realizar distintas actividades recreativas. Sin perjuicio de lo cual, en las próximas horas desde Puerto Príncipe estarían solicitando autorización por ante las autoridades portuarias para el inicio de los trabajos.
