En tal sentido entonces, el pronunciamiento oficial señala que en efecto, existe una actitud corporativa e incompetente por parte de dicha institución, contraria a lo dispuesto en la misma ley de colegiación Nº 7468, cuyo artículo 15 establece categóricamente que, “el Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones: (…) k) propiciar ante el poder ejecutivo la fijación de los aranceles mínimos para el ejercicio profesional…”; lo que implica que el Colegio, si quiere una regulación de honorarios profesionales, debe promover ante la autoridad competente en la materia (P.E.) la determinación reglamentaria de aranceles fijos o móviles para compensar la actividad profesional de los profesionales de la odontología, debidamente matriculados en la provincia. Lo que no puede es disponer en tal sentido como lo ha hecho en el caso, con efectos lesivos al sistema de la seguridad social y sanitario, público y privado.
Dicho acto del Colegio –así dictado– se alza como una vía de hecho, administrativa o acto inexistente; toda vez que se trataría de “una grosera o violación del orden jurídico” que lesiona la juridicidad y el interés público y sanitario, conforme ha quedado exhibido en el dictamen del Fiscal de Estado de la provincia Nº 0440-22 de fecha 22 de Septiembre de 2022 dictado en el expediente N.º 2705576, en relación al Iosper y a sus afiliados.
En tal sentido, no produciría ningún efecto legal, como si no hubiese existido nunca por su manifiesta ilegalidad en razón de la contradicción manifiesta con la norma de creación del mismo ente que lo dictó.
Por otro lado, sostiene el Ministerio de Salud, refuerza esta situación descripta en la ley, lo dispuesto por la nueva Constitución del 2008, en relación a la definición de las competencias de los Colegios de Profesionales de la Provincia, que dispuso de forma sobreviviente a la ley Nº 7253, en el artículo 77 que: “el Estado reconoce y garantiza la plena vigencia de los Colegios y Consejos Profesionales, les confiere el gobierno sobre la matrícula, la defensa y promoción de sus intereses específicos, la facultad de dictar sus normas de ética e implementar métodos de resolución de conflictos de instancia voluntaria”; no quedando comprendida la materia que se ha arrogado dicho Colegio en materia de determinación de aranceles profesionales.
“En tal sentido llamamos a la reflexión a dicha institución para que decline su actitud en pos de la normalización de dicho sector sanitaria que comprende a la salud de todos los entrerrianos”, manifestaron desde Salud.
“Como sociedad”, finaliza reflejando el ministerio de Salud, “hemos sobrellevado una terrible pandemia que nos ha dejado grandes lecciones. El sentir, pensar y conocer a cada persona hizo que podamos consagrar el derecho humano, básico y constitucional que es garantizar la accesibilidad y equidad en salud”.
“En salud siempre decimos que la agenda nunca se termina, sigue vigente por quienes están al frente de las instituciones, que las habitan personas de carne y hueso como son los profesionales que también además de la experticia y de su formación, portan derechos, valores y principios”.
En ese rumbo, confiamos en que la fijación de prioridades seguramente estará allanada al bien común y no caer en debates estériles que no hacen más que afectar a los más necesitados.
