El proceso, que se inició el 11 de marzo pero que fue suspendido en razón de los problemas de salud de uno de los imputados, Adolfo Zenón Ortiz, se retomará el próximo 26 de abril y continuará los días 29 y 30, y 2, 3, 6 y 7 de mayo, en los Tribunales de La Paz.
El juicio arrancó el lunes 11, en los Tribunales de La Paz, pero a poco de empezar fue suspendido en función de que uno de los imputados no pudo asistir por problemas de salud. El Tribunal entonces hizo intervenir al médico forense para que acuda a realizar un informe pericial del estado de situación, publicó Entre Ríos Ahora.
Entonces, se convino postergar el inicio del juicio por siete días, y debía recomenzar el jueves 21. La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) reorganizó las audiencias y fijó fecha de reinicio de los debates para este jueves. Pero hubo un planteo de la defensa por cuanto el informe diagnóstico sobre el imputado Adolfo Zenón Ortiz no se ha concluido.
En ese marco, el Tribunal requirió al defensor César Jaime, que representa a Zenón Ortiz, que presente el informe médico de evaluación a su defendido y el diagnostico por imágenes, para que luego sean evaluados por el médico forense para que emitan opinión. Recién entonces se preveía fijar nueva fecha del juicio.
Rossi está acusado por supuesto pago de sobreprecios en una obra de pavimentación de 20 cuadras, proyecto ejecutado en 2014, y denunciado en 2016 por su concuñado y sucesor al frente de la Intendencia, Silvio Moreyra (PJ).
El aplazamiento había sido resuelto por el Tribunal de Juicios y Apelaciones, conformado por los vocales María Carolina Castagno, Alejandro Diego Grippo y Juan Francisco Malvasio, a pedido del abogado César Ariel Jaime, defensor de uno de los imputados, Adolfo Zenón Ortiz, responsable técnico del Programa Más Cerca, una iniciativa del Gobierno nacional que permitió el desarrollo de aquella obra pública.
Ortiz es paciente diabético con hipertensión y fue evaluado, por pedido del tribunal, por el médico forense Federico Mario Cejas, quien pidió realizarle estudios más detallados para poder evaluar si está en condiciones de asistir al juicio. Con ese diagnóstico, y el informe del forense en la sala de audiencias, los jueces iban a decidir el rumbo del proceso a Rossi y el resto de los imputados.
Entre 2015 y 2019 no gobernó Rossi Santa Elena. Lo hizo su concuñado, Silvio Moreyra, Al año de estar al frente de la Intendencia, Moreyra lo denunció a Rossi: efectuó una presentación a través del abogado Guillermo Mulet ante la sospecha que durante la gestión anterior se había incurrido en el pago de sobreprecios en una obra de pavimentación.
El Ministerio Público Fiscal pidió en 2020 la remisión de la causa a juicio oral. En su acusación, Fiscalía señaló que durante la gestión Rossi, el Municipio de Santa Elena pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de una 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado era $18 millones y el mínimo, de $14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional ‘Más Cerca’.
En paralelo a la causa penal también había una demanda civil, formulada por el exintendente Moreyra, en la que le reclamaba a los acusados – entre ellos Rossi- que paguen más de $10.937.255,46 en concepto de perjuicio económico al Estado municipal. Pero ese pleito se superó durante la siguiente gestión de Rossi: la demanda llegó a su fin a mediados de junio de 2020, cuando el municipio y la empresa L&C firmaron un acuerdo extrajudicial transaccional.
La causa penal siguió su marca en Tribunales.
En marzo de 2022, el juez de Garantías y Transición de La Paz, Walter Carballo, otorgó la probation o suspensión de juicio a prueba al empresario de la firma L&C Construcciones, Néstor Juan Szczech, y al ingeniero y apoderado de la empresa, Carlos Alberto Lescano, en el marco de la causa por sobreprecios de una obra de 20 cuadras ejecutadas en Santa Elena en 2014, durante la anterior gestión del hoy intendente Domingo Daniel Rossi.
Szczech y Lescano fueron acusados de los delitos de peculado y falsificación de documentos públicos en carácter de partícipes necesarios. Sin embargo, tras varias apelaciones, consiguieron que a principios de noviembre de 2021 la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) hiciera lugar al pedido de probation. El fallo lo firmaron los vocales Miguel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak.
Pero Rossi y sus funcionarios siguieron ligados a la causa penal.
María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortiz (responsable técnico del Programa Más Cerca). El ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez, falleció mientras transcurría la investigación.
Los delitos que se le endilgan a Rossi es el de peculado, falsificación de documentos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público atribuido en carácter de autor; y los mismos delitos, pero en carácter de partícipes necesarios a Roberto Carlos Méndez, María Inés Martínez, Adolfo Zenón Ortiz, a Néstor Juan Szczech, y a Carlos Alberto Lescano.
Un dato clave: el perito que dictaminó el sobreprecio, Beltrán Uranga, ya falleció.
