Con inusual presencia masiva que buscó ser una manifestación de fuerza, unos doscientos jueces santafesinos se plantaron este viernes en las escalinatas de los Tribunales de Rosario, sublevados en contra de la reforma previsional que intenta Maximiliano Pullaro. Un día antes el gobernador mandó un proyecto a la Legislatura para frenar un imparable déficit la Caja de Jubilaciones de la provincia. El paquete les toca los bolsillos a los empleados públicos, entre ellos a los magistrados, por lo que el sector que es por lejos el mejor remunerado de la administración pública salió a mostrar los dientes.
Los jueces aprovecharon la oportunidad para meter en la bolsa de protestas otros pleitos que tienen con un mandatario que desde su asunción hace siete meses cuestiona al servicio de Justicia y al estatus de los empleados judiciales por sus cargas horarias limitadas y salarios desconectados del resto de la administración. Los cuestionamientos de los jueces pasan por las demoras en cubrir vacantes judiciales que resienten las prestaciones y por lo que perciben un ataque a la independencia de la magistratura por lo que, denuncian, es un ninguneo intolerable del gobierno.
"Esto no es «Resistiré»", le dijo con jovial firmeza un magistrado al sitio La Política Online. Se refería a una célebre reunión de jueces que hace 14 años cantaron a voz en cuello esa canción en una celebración de fin de año cuando se había aprobado el cambio del modelo de enjuiciamiento penal en la provincia, lo que originó audibles rezongos en algunos sectores de jueces liderados por el ministro de la Corte provincial Rafael Gutiérrez. "Aquello fue un desafío minoritario a un cambio que el modelo constitucional sin dudas exigía. Esto en cambio es el rechazo generalizado a una ley injusta que limita conquistas gremiales históricas de todos los estatales santafesinos", distinguió.
El planteo de Pullaro es reducir entre un 20 y 30 por ciento el rojo de la caja jubilatoria santafesina que proyectado a todo 2024 se ubica en los 430 mil millones de pesos. Para eso postula una declaración de emergencia para el régimen previsional de todos los empleados y funcionarios públicos que ya desató anuncios de medidas de fuerza de docentes y las críticas de especialistas en cuestiones jubilatorias.
Contra el blanqueo del proyecto los magistrados sacudieron sus modales usualmente flemáticos. Este viernes a la tarde había en la sede judicial rosarina de la calle Balcarce más de la mitad de los jueces de toda la provincia. "El aspecto de la independencia es medular para cualquier Poder Judicial, que se autogobierna: No lo gobierna ningún otro poder del Estado", dijo Roberto Dellamonica, presidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe. "Necesita su presupuesto para funcionar que en la provincia es ínfimo con el 3.29 % del total. Necesita que se cubran las vacantes porque estamos funcionando con un 75 por ciento de la cantidad de magistrados. Y el tema previsional hemos hecho presentaciones a la comisión que trató el tema. Se debe respetar la jurisprudencia en el tema previsional de la Corte Nacional", esgrimió.
Los sueldos más altos del Estado santafesino están en el Poder Judicial pero, dicen allí, no está la fuente del desfinanciamiento de la Caja. Entre los jueces afirman que los aportes jubilatorios más altos los hacen los judiciales hasta los 65 años, precisamente por tener buenos ingresos. El agujero lo producen regímenes especiales como los de la policía provincial cuyos integrantes se jubilan a los 55 años. Y los docentes que tienen retiros también más tempranos, en los casos de mujeres a los 57 años, con una dotación de planta mucho más extensa que los trabajadores de los tribunales.
Los trabajadores estatales elevarán su aporte en forma escalonada. Desde el 14% actual al 15,5 hasta el 21% según el ingreso. El que más gana, más aportará. Habrá un tope de haberes que toca directamente al Poder Judicial. Hoy los que más cobran reciben hasta 32 jubilaciones mínimas, pero con este proyecto no podrán superar las 20 mínimas. Si hoy un sueldo máximo entre los magistrados más jerárquicos es 10 millones de pesos no podrá superar los 7 millones.
En el gobierno de Pullaro cuestionan la voracidad de los reclamos de jueces que hasta llegan a hacer amparos, dicen, para que no aportar a la obra social provincial Iapos, porque sus niveles de ingresos les dan para afiliarse a prepagas. En el medio hay una clara intención de Pullaro, anunciada antes de su asunción, de cambiar la composición de la Corte Suprema de la provincia, donde cinco magistrados sobre seis ya superaron la edad tope de 75 años.
"Hacia el Poder Judicial el gobierno hace una asfixia deliberada que produce una reacción lógica", dice a LPO un juez presente en el para él muy justificado conato rebelde. "No firma trámites internos de 470 empleados paralizados que implican reajustes salariales, no se firman jubilaciones, no se habilitan la cobertura de las vacantes, están los concursos de jueces parados. Todo es para forzar el cambio de integrantes de la Corte Suprema provincial. Tampoco blanquean una alternativa de actuación. No dejan más camino que la expresión de la protesta. Si quieren cambiar la Corte que no esperen un gesto de los que están ahí. Que tengan los huevos de buscar rápido los reemplazos y tomar la decisión", comentó.
Otra crítica del gobierno es que los judiciales abusan de iniciar trámites de cese jubilatorio pero los mantienen sin retirarse mientras las circunstancias de permanecer activos les son favorables. El juez Ivan Kvasina, titular del Colegio de Magistrados de Rosario, dejó entrever con elegancia que eso es una chicana. "Es un mecanismo previsto en la ley jubilatoria 6915 que la puede utilizar cualquier empleado provincial que está vigente desde antes de los años 90. No es privativo de los jueces y lo puede usa regularmente cualquier estatal. Se enfatiza en la figura de algunos jueces tal vez con alguna intencionalidad política", dijo Kvasina.
El magistrado leyó entre líneas. Leyó bien. Hay tres ministros de la Corte Suprema con edad jubilatoria ya sobrepasada que tienen hace tiempo en sus cajones el trámite completo. Desde el Ejecutivo están ardidos con este juego especulativo que no obstante es legal. LPO le preguntó si su lectura de la intencionalidad política aludía a eso.
"Es posible que sí, esta situación entre el Ejecutivo y la Corte puede estar influyendo", dijo el titular del gremio de jueces rosarinos.
Otro de los puntos fuertes planteado por los Colegios de Magistrados es que la administración de los recursos del Poder Judicial de Santa Fe debe ser retenido en ese órgano del Estado. Justamente ahora que se abre el juego de una reforma constitucional en Santa Fe hay legisladores de distintos bloques que señalan que la potestad de la Corte Suprema del manejo presupuestario, como lo sostiene la Constitución provincial vigente, debe ser cambiada. Tal como ocurrió en la Constitución Nacional reformada en 1994 que cedió la administración al Consejo de la Magistratura.
El principal cuestionamiento pasa porque esa facultad en Santa Fe la tiene la Secretaría de Gobierno de la Corte Suprema. Los legisladores aducen que su responsable, Eduardo Bordas, hace una manejo discrecional y autónomo de los recursos, con escaso o nulo control de los ministros del máximo tribunal. Por eso legisladores que impulsan una enmienda constitucional analizan quitarle la atribución. Para muchos de ellos, al igual que para distintas gestiones previas en la Gobernación, la Corte Suprema no debe manejar los fondos.
"Creo que el gobierno tiene que estar dentro y no fuera del Poder Judicial por el principio constitucional de independencia de poderes. La experiencia del mal funcionamiento del Consejo de la Magistratura nacional avala nuestra posición de que no sería la mejor solución.
