Tras estas afirmaciones la UIF, que dirige Mariano Federici, solicitó la reapertura de la causa por enriquecimiento ilícito contra el matrimonio Kirchner invocando el instituto de "cosa juzgada írrita", es decir, que la sentencia que los benefició se obtuvo de manera fraudulenta. Además la UIF pidió ser tenido por parte querellante. La causa contra el matrimonio Kirchner se inició en julio de 2009 por una denuncia de Enrique Piragini de la ONG "A.R.I.E.L. somos todos" a raíz de notas periodísticas que daban cuenta del importante incremento patrimonial de la ex pareja presidencial entre 2008 y 2009. Tras una pericia contable que fue cuestionada, en sólo cinco meses, el entonces juez Oyarbide sobreseyó a Néstor y Cristina Kirchner sin producir una sola prueba adicional. El estudio realizado por los peritos se hizo en tiempo récord y se basó en un sólo punto de pericia. Los profesionales contables sólo tuvieron la posibilidad de examinar algunas fotocopias y una carpeta con un estudio hecho por Víctor Manzanares, el histórico contador de los Kirchner, hoy procesado y detenido en la causa Los Sauces. En ese expediente Manzanares está acusado de ser el organizador de una asociación ilícita que integraba junto con Cristina Kirchner.
Poco después de esa pericia, el contador y ex perito de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Propitkin elaboró un informe en el que señaló una serie de irregularidades en el trabajo que sirvió de base a Oyarbide para dictar el sobreseimiento de los Kirchner. Propitkin constató que los peritos contaron no contaron con documentos originales básicos como escrituras de compra y venta de inmuebles, facturas de adquisición de automóviles, certificados de depósitos a plazo fijo, contratos y recibos de alquiler y acciones, entre otros. No pudieron revisar los movimientos las compras y gastos efectuados por la ex Presidente ni por su familia y tampoco pudieron justificar el incremento patrimonial al verse impedidos de seguir el procedimiento adecuado para estos casos.
En el escrito, el titular de la UIF, Mariano Federici, menciona que Oyarbide habría mantenido durante buena parte del ejercicio de su función como magistrado fuertes vínculos con el gobierno tanto de Néstor como de Cristina Kirchner. El ex juez -señaló Federici- recibió las causas más sensibles de la época, entre ellas, la pesquisa por el desvío de fondos públicos a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo por parte de los hermanos Schoklender, una por una presunta asociación ilícita de las máximas autoridades de la AFIP de ese momento, y por supuesto, el expediente en el que se debía verificar si el matrimonio Kirchner se había enriquecido de manera ilícita. Todas esas causas terminaron con sobreseimientos y archivadas.
Estas accionar de Oyarbide motivó que fuera denunciado ante el Consejo de la Magistratura en numerosas oportunidades pero -ante el peligro cierto de una destitución- el ex juez presentó su renuncia evitando de esa manera ser removido del cargo. Todas estas denuncias -destaca en su presentación la UIF- "permiten enmarcar la mala fe procesal con la que el magistrado habría actuado" por lo que solicita la nulidad del sobreseimiento con el que fueron beneficiados Néstor y Cristina Kirchner por constituir cosa juzgada írrita.
En la causa por los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer de Baratta, se lo menciona a Oyarbide varias veces dando cuenta de que habría recibido dinero por parte de una asociación ilícita cuyas máximas autoridades serían quienes el ex juez sobreseyó. "Es imposible", afirmó Federici, "desvincular este hecho de los sobreseimientos dictados" que no partirían de una valoración de la prueba sino de un acuerdo previo con los imputados.
Como medida de prueba, y a los fines de realizar una nueva pericia contable, la UIF pidió que se indiquen todas las manifestaciones patrimoniales de Cristina Fernández de Kirchner, tanto dentro del país como en el exterior, detectadas en todas las causas en las que está imputada la ex Presidente.
