Representantes de la UTA, empresarios y autoridades de la Municipalidad de Paraná y la Provincia volvieron a reunirse este jueves en la Secretaría de Trabajo para retomar negociaciones que permitan saldar el conflicto por el servicio de colectivos.
En el encuentro, tras el cuarto intermedio desde este martes, los choferes llegaron a un acuerdo por montos adeudados y el pago de un bono, mientras que desde la Municipalidad se comprometieron a habilitar un aumento de tarifas, aunque no tan drástico como reclamaban las empresas.
La secretaria de Movilidad de la Municipalidad, Katherina Stickel, confirmó que se arribó un acuerdo entre todas las partes y que la Comuna va a "establecer un nuevo aumento tarifario a partir de los informes técnicos que tenemos en cuanto a los análisis de costos". Por su parte la empresa y el sindicato se comprometen a "garantizar la continuidad del servicio para los usuarios”, dijo la funcionaria a El Once.
Consultada sobre cuándo entrarían en vigencia los nuevos valores, anticipó: "Estimamos que para junio”, ya que “por el momento primero hay que establecer la tarifa y formalizar la herramienta".
¿A cuánto se va el pasaje?
En tanto, sobre el nuevo precio del boleto, adelantó que “será inferior” al pedido de la concesionaria Buses Paraná, que exigía un ticket plano de 300 pesos. En los pasillos de la Secretaría de Trabajo se especulaba con un valor de 920 pesos el general y 1100 pesos para el Área Metropolitana (recorridos a Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda).“Le queremos transmitir tranquilidad a los usuarios que el servicio está garantizado”, dijo finalmente Stickel.
Por su parte, el secretario gremial de UTA Entre Ríos, Gustavo Rup, destacó que “hemos llegado a un arreglo como gremio – empresa tomando compromiso con fechas de pago, tanto provincial y municipal”.
La ordenanza de Emergencia del Transporte Urbano de Pasajeros de la ciudad sancionada en febrero habilita al gobierno municipal a subir el ticket sin pasar por la Legislatura. Hasta entonces, cada revisión de la tarifa pedida por las empresas debía pasar por el órgano de control SITU y de allí al Concejo Deliberante, que tenía el poder de aprobar los aumentos o rechazarlos.
El conflicto había saltado esta vez por el estado de los colectivos, severamente cuestionado por la UTA, que advirtió que las unidades están en condiciones tan malas que ya no solo ponen en riesgo la comodidad, sino directamente la seguridad de pasajeros y choferes. Además, sumaron el reclamo por un monto salarial que, aseveran, les deben las empresas desde diciembre.
Fuente: Análisis Digital