“Fue cedido a la provincia en 2016”, fue la aclaración que llegó a El Entre Ríos este miércoles por la mañana desde el área de Comunicación de la Municipalidad de Concordia. A esa frase se la acompañó con un documento que respalda la afirmación.

Se trata del texto de la Ordenanza municipal Nº35594/15 donde el Departamento Ejecutivo Provincial donó, a favor del Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, “un inmueble propiedad de la Municipalidad de Concordia, ubicado en Barrio Benito Legerén, de esta ciudad y donde tuviera su sede la Escuela Provincial N°47° “Justa Gayoso”, dice la norma del 20 de noviembre de 2015.

La aclaración llegó luego de que El Entre Ríos revelase que el cortocircuito se originó en unas instalaciones con conexión clandestina y que pertenecía al Estado municipal como efectiva lo fue hasta la donación que se concretó en 2016.

En esa propiedad donde funcionó la escuela “Justo Gayoso” ocurrió, este martes alrededor de las 6, un incendio que provocó daños totales a las viviendas de 3 familias y afectó a otras 6. "Se trata de familias muy humildes del barrio que tienen muchos chicos, así que estamos trabajando con Desarrollo Social de Provincia que nos va a dar una mano mientras desde la secretaría de Desarrollo Social y producción también asistimos”, dijo al respecto Fernando Barboza, secretario de Desarrollo Social y Producción de la Municipalidad.

¿Para qué donó Concordia el inmueble? ¿Estaba contemplada la opción de utilizarlo como viviendas? ¿La Provincia hizo del lugar, que otrora perteneció al Frigorífico Yuquerí de Benito Legerén, lo que estaba planteado en esa normativa municipal? ¿La comuna instrumentó las medidas de verificación y cumplimiento de las tareas de mantenimiento, refacción y construcción, como lo menciona el artículo 4º de dicha ordenanza?

En concreto, el artículo primero precisó que la donación se realizó para su afectación “como establecimiento educativo y funcionamiento en el lugar, de dependencias administrativas y culturales”. Además, la puesta en marcha de las actividades necesarias para concretar ese propósito, dice el artículo segundo, “deberá iniciarse dentro del plazo máximo de tres años contados desde la efectiva toma de posesión del inmueble, por parte del Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos”.

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