Ante la Resolución Nº 187/2025, que ha causado repudio y generado dudas en la comunidad, el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) consideró fundamental aclarar que la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD) continúa con “total normalidad”.
“El instituto sigue trabajando de la misma manera, tanto en la Junta Evaluadora como en el área legal”, afirmó Diego Vélez, director del Iprodi. En este sentido, buscó diferenciar el CUD de las pensiones no contributivas, ya que estas últimas dependen exclusivamente de la Anses y no del Iprodi.
Sumando sus críticas a las designaciones de “imbécil”, “idiota”, “débil mental” y “retraso mental”, Vélez explicó que la reciente resolución emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) surge de auditorías sobre las pensiones no contributivas y se basa en normativas de larga data: “En el marco de la evolución de los términos y conceptos relacionados con la discapacidad desde 1998 hasta la actualidad, el Iprodi reafirma su compromiso con el trato digno y respetuoso hacia las personas con discapacidad”. “Reconocemos que, si bien en el pasado se utilizaron terminologías que hoy resultan inadecuadas, estos términos respondían a un contexto histórico y normativo específico que ha sido superado gracias a los avances en materia de derechos humanos y conciencia social”, subrayó el funcionario provincial.
“Desde el Iprodi trabajamos en estrecha colaboración con el gobierno provincial y nos basamos en los estándares internacionales actuales, como el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-5) y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) para garantizar un enfoque actualizado y respetuoso en el abordaje de la discapacidad. Rechazamos cualquier forma de expresión o terminología que pueda resultar descalificadora o discriminatoria, y promovemos el uso de un lenguaje inclusivo y adecuado a los tiempos actuales”, manifestó Vélez.
Por otro lado, la coordinadora general del Iprodi, Sabina Carrivale, destacó la importancia de distinguir entre discapacidad e invalidez laboral. “Nosotros evaluamos la discapacidad en sí misma, mientras que la Anses determina el porcentaje de incapacidad laboral para acceder a una pensión no contributiva. Para obtener este beneficio, se debe contar con una incapacidad igual o superior al 66 por ciento”, precisó.
Por último, Vélez hizo hincapié en la necesidad de actualizar la forma en que se abordan estos temas: “La evolución en el enfoque de los derechos de las personas con discapacidad no debe confundirse con los criterios que rigen el acceso a las pensiones no contributivas”. A su vez, aseguró que desde Iprodi reiteran su compromiso con la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y con brindar información clara a la comunidad.
Fuente: El Entre Ríos / Prensa Iprodi