La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) consideró “inaceptable” el proyecto oficial sobre Ley de Fitosanitarios, con media sanción de la Cámara de Diputados y que ahora aguarda tratamiento en el Senado.

En mayo último, el mayor sindicato docente había hecho escuchar su voz ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Entonces, pidió la derogación de las denominadas “unidades centinelas” y la incorporación de enfermedad profesional para que se consideren las patologías producidas por fumigaciones. Además, solicitó que se incorpore un protocolo de actuación ex post facto cuando se violen las normativas vigentes.

En relación a las distancias de fumigación, “solicitamos dar cumplimiento al fallo del amparo ‘Foro y Agmer c/ Gobierno de la provincia’, que exhortó a los organismos -previo al dictado de una norma- lleven adelante una evaluación constante de los potenciales efectos sobre la salud y el ambiente debido a los pesticidas”, indicaron.

Ahora que el proyecto tiene media sanción de Diputados, el sindicato docente amplió sus cuestionamientos.

“Hay una discusión de fondo que nos debemos como sociedad acerca del modelo productivo predominante, que se sustenta en la promesa del desarrollo económico, pero acarrea consecuencias sociales, sanitarias y ambientales que no son parte de ninguna ecuación económica. Para producir de esta manera hacen falta pocos brazos, las tierras se concentran en pocas manos y cada vez hay menos población rural. La frontera agrícola avanza sobre los montes nativos y las consecuencias del desmonte son innegables: temperaturas extremas, períodos de sequía agobiante seguidos de inundaciones que avanzan destruyendo nuestras ciudades costeras. Además, la exposición a agroquímicos tiene impacto en la salud de nuestra población. Cada vez que hablamos sobre los recursos de los entrerrianos planteamos la necesidad de un cambio en el modelo productivo”, plantea un documento de Agmer.

Y agrega: “Sin embargo, nuestra provincia no debate hoy el modelo productivo. Lo que debate es un proyecto de ley que viene a reemplazar el marco legal vigente que regula la aplicación de fitosanitarios”.

En Entre Ríos hay cerca de 800 escuelas rurales. El decreto Nº 2.239/19 y su modificatorio (decreto Nº 2.895/20) vigentes a la fecha, asigna al directivo de escuela funciones no inherentes al trabajo docente, determinando responsabilidades civiles y funcionales por fuera del contrato laboral, de resolver los conflictos que se susciten a raíz de una aplicación.

“Como organización sindical expusimos nuestras demandas en la Comisión de Diputados hace pocos meses. Exigimos que cualquier discusión en torno al marco normativo de fitosanitarios incluya la derogación de esta norma que no sólo desnaturaliza nuestra función social y genera una sobrecarga de tareas, sino que nos responsabiliza sin la formación adecuada”, indicó el sindicato.

Al respecto, destacó que para proteger la salud de la población “el Estado debe asumir la responsabilidad de implementar programas de monitoreo que proporcionen información estadística sobre enfermedades relacionadas con la exposición a estos productos. En el caso de los trabajadores, estas enfermedades deben ser reconocidas como profesionales en la ART cuando los lugares de trabajo estén en zonas de exposición”.

“En materia de distancias -subrayó-, desde siempre hemos sostenido y especialmente lo manifestamos en oportunidad de participar en la Comisión Legislativa de la Cámara de Diputados, que quien regule estas actividades, tiene como piso incuestionable e imprescindible -y por tanto responsabilidad funcional- la de cumplir las que han sido recogidas en las sentencias dictadas. Hacerlo de otro modo implicará una regulación regresiva y con ello, la violación de derechos y garantías que nos otorga la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”.

Y demandó “el cumplimiento del fallo firme dictado en la causa `Foro Ecologista y Agmer c/Superior Gobierno de Entre Ríos. Acción de Amparo`, que en fecha 1/10/2018 condenó al Estado Provincial a implantar, en el plazo de 2 años, barreras vegetales a una distancia de 150 mts. de todas las escuelas rurales de la Provincia, medida que tiene una función de tutela de las escuelas. En el mismo sentido exigimos un protocolo de higiene con los cuidados necesarios antes de que niños y docentes retornen a la escuela luego de realizadas estas prácticas y un protocolo de actuación cuando se produzcan aplicaciones que violen las leyes vigentes”.

“El proyecto enviado al Senado incorpora la derogación del decreto Nº 2.239/19, recomienda la incorporación como enfermedad profesional a las patologías asociadas a la exposición a fitosanitarios que sean denunciados por los trabajadores. Dispone la elaboración de un protocolo de limpieza y un protocolo de actuación cuando se produzcan aplicaciones por fuera de la Ley, estableciendo para el dictado de los protocolos un plazo máximo de 90 días. Establece que las aplicaciones se realicen fuera del horario escolar y que sean notificadas a las instituciones con 48 horas de antelación. Dispone la georreferenciación de escuelas rurales, la plantación de cortinas vegetales. Instruye al Ministerio de Salud a incorporar la vigilancia epidemiológica de los eventos relacionados con la exposición a estos productos. Prevé también el monitoreo ambiental y un cuerpo de inspectores”, reseña.

En ese marco, dijo que esos puntos “son parte de la demanda histórica que como organización sindical hemos planteado en forma permanente porque constituyen un piso mínimo de resguardo de las escuelas y sus comunidades”.

“Sin embargo, observamos en el proyecto con mucha preocupación una reducción de las distancias vigentes que representan un retroceso con respecto a los fallos judiciales existentes, que de ninguna manera pueden ser ignorados por uno de los poderes del Estado. Resulta inaceptable que las distancias se reduzcan en algunos casos a 15 metros de las escuelas (aplicaciones con drones y mochilas) o que disminuyan las distancias como en el caso de las aplicaciones terrestres y aéreas (dispuestas en el proyecto a 100 y 500 metros respectivamente)”, alertó Agmer.

Fuente: Entre Ríos Ahora