En 1994, la Municipalidad de Paraná le donó al Arzobispado de Paraná un terreno, ubicado en calle Los Minuanes esquina Indios Bohanes, en barrio Anacleto Medina, para construir allí un salón de usos múltiples.

Ese salón fue utilizado por la capilla San Martín de Porres para la celebración de misas, para dictar catequesis, para el funcionamiento de un merendero y también para dictar talleres de costura y de tejidos.

Entre 2008 y 2009, una mujer, Gisela Gómez, intrusó el lugar aun estando en funcionamiento como taller, según relata el sacerdote Germán Brusa, a cargo de la capilla San Martín de Porres, y entonces se inició una compleja trama de denuncias que llegó a la Justicia, que inició un trámite de desalojo a nombre del Arzobispado de Paraná.

La mujer dice haber alcanzado un acuerdo de palabra con el cura Rodolfo Ciuffo -muerto en 2014, anterior párroco en San Martín de Porres- para ocupar la propiedad. En 2016, por una iniciativa de los exconcejales del Frente Renovador Silvina Fadel y Luis Díaz, una calle de barrio Anacleto Medina lleva el nombre del cura muerto.

Pero aquella transacción entre Gisela Gómez y el cura Ciuffo derivó en un conflicto de envergadura que ahora tiene en vilo al sucesor en San Martín de Porres, el sacerdote Germán Brusa.

Según cuenta a Entre Ríos Ahora el sacerdote, Gisela Gómez, empleada en la Municipalidad de Paraná, recibió distintos pedidos para que abandone la propiedad y la devuelva para el uso de la Iglesia Católica. Pero ninguna gestión prosperó. La mujer se quedó con la propiedad, y anexó un negocio, y después la alquiló. Unos de los últimos inquilinos fueron los hermanos Siboldi, involucrados en el triple crimen de Bajada Grande, ocurrido en 2019. Por ese hecho, la Justicia condenó al padre, Oscar, y absolvió a los dos hijos, Alexis y Brian.

“Con el tiempo fue prosperando económicamente –contó Brusa-. Le añadió al salón dependencias que las empezó a usufructuar como locales comerciales, que después alquiló. Nunca pagó impuestos, porque el título de la propiedad está a nombre del Arzobispado. No tiene documentación que la respalde. Ni siquiera de la luz, porque estaban enganchados. La única documentación que Gómez muestra a la hora de reclamar esta vivienda es una documentación de 2013, 2014, donde la Municipalidad le da permiso de uso. Pero es un permiso de uso trucho. La Municipalidad no puede dar permiso de uso de una propiedad privada. Obvio que acá lo que hay es una complicidad: ella es empleada del Concejo, está en el Movimiento Evita, y en el Sindicato (de Obreros y Empleados Municipales, Suoyem). Hay connivencia con funcionarios, y así consigue ese permiso de uso, que no tiene validez. El titular de la propiedad es del arzobispado”.

A fines de 2019, principios de 2020, la mujer pone en venta la propiedad del Arzobispado de Paraná aun teniendo todavía inquilinos. Esa publicación fue vista por vecinos y fue entonces que se alertó a la curia de esa transacción en marcha. “Fue entonces que se inició la acción legal, con un juicio de desalojo a quienes están en ahí, morando en ese lugar, o sea los hermanos Siboldi y la mamá de los hermanos. El juicio de desalojo fue en avance, se llega a un convenio con la familia Siboldi, y se firma un convenio de desalojo con fecha límite el 10 de noviembre –detalló Brusa-. Ellos se fueron antes y nos avisaron para que fuéramos para la entrega de la llave. Eso ocurrió el viernes pasado. Tenía que estar presente para la entrega de la llave. No hubo problema con el desalojo. Los hermanos Siboldi se fueron”.

Los inconvenientes ocurrieron el sábado, cuando el sacerdote decide oficiar misa en la propiedad recurada. “Ahí, cae la señora Gómez y reclamó su vivienda, que no es suya, y lo hizo haciendo todo un ejercicio de violencia, no solo verbal sino física. Interviene la Policía, la sacan por la fuerza, ella intenta prenderse fuego y le tira nafta a una funcionaria policial. En ese escenario, quedamos en la casa totalmente desprotegidos. Gracias a Dios, hubo actuación de la Jefatura de Policía, para que podamos tener seguridad –relató-. Recibimos amenaza de muerte de uno de los hijos de Gómez, y de parte de alguien que está en el sindicato municipal, Leandro Castrogiovanni. Estamos un poquito asustados. Esperamos que haya definiciones judiciales por la denuncia que tuvimos que hacer”.

La celebración de la misa, el sábado, fue interrumpida por la irrupción de Gómez, sus hijos y algunos acompañantes. Intervino la Policía, y yo mostré el documento que acredita la propiedad del Arzobispado. Ante esa situación, «esta gente se puso violenta y vinieron a pegarme uno de los hijos; ella intentó prenderse fuego. Es lo que ellos filman, que muestran cuando la sacan esposada. No mostraron cuando me agredieron. Cuando se la llevaron, llegó este hombre Castrogiovanni y también amenazó. Nos dijo que íbamos a tener problemas».

A nivel judicial, la causa «Arzobispado de Paraná c/Silboldi Santiago y Otros s/Desalojo» tramitó ante el Juzgado Civil y Comercial N° 8. El 19 de octubre último, la jueza María del Pilar Villa de Yugdar homologó «el acuerdo transaccional suscripto por las partes, con los alcances expresados, dándole el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada».

Pero ese acuerdo entre los Siboldi y el Arzobispado tropieza con la pretensión de la mujer que ocupó por años la propiedad.

Fuente: Entre Ríos Ahora