El ex ministro y actual diputado Pedro Báez dio una entrevista en la que se refirió a las políticas de comunicación que tuvo a su cargo durante la gestión de Sergio Urribarri, de la relación que estableció con los medios y también de las causas judiciales que enfrenta.
Sus propiedades
Habló de la investigación que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito, en una entrevista radial realizada en Paraná el 22 de diciembre último. A esa causa la vinculó con cuestiones políticas porque, según dijo, “se abrió casi al calor de un signo de época”.Negó, no obstante, la imputación y, por tratarse de un tipo de delito en el que se invierte de la carga de la prueba y es el acusado quien debe probar su inocencia, dijo haber presentado un informe elaborado por dos contadores “donde queda absolutamente probado la legitimidad y licitud del patrimonio, que se compone de una casa comprada en 2001 y una quinta comprada en 2009”.
En cuanto a la propiedad que se le atribuye a su esposa del “Amanzi Termal Apart Hotel”, en Villa Zorraquín, Concordia, contó que en 2011 se asoció con José Ostrosky y José Horacio Bechara, amigos de él, para la compra “de un terreno a un precio muy conveniente” y que lo hizo “con una inversión inicial de 70 mil pesos para la compra del terreno con la idea de venderlo, porque en el revoleo se podía hacer una diferencia”.
Precisó, luego, que en el predio se construyeron cabañas para lo cual realizó “un pequeño aporte, parecido a la inversión para la compra del terreno y el emprendimiento se hizo con un préstamo que pagó finalmente en su totalidad Bechara, por lo cual quedé con una participación despreciable”, pero que vendió sus cuotas “antes de que se abra la causa”.
Su rol ante periodistas y medios
El ex ministro de Cultura y Comunicación durante el gobierno de Sergio Urribarri se refirió a las políticas de comunicación que tuvo a su cargo. Defendió la necesidad de instalar un relato y, de algún modo, admitió su injerencia sobre los medios y periodistas: “Acá todo el mundo escribió y dijo lo que quiso. Yo cumplía mi rol: si tenía que hablar, hablaba; si tenía que decir cosas, las decía, no me escondía ni mandaba a otro. Mi rol era defender un proyecto político, defender al gobierno que llevaba adelante ese proyecto y defender a los hombres que integraban ese gobierno; eso es lo que hice”, aseveró.Críticas al Poder Judicial
Consideró que las causas que enfrenta ante la Justicia “tienen un componente político enorme, que tiene que ver con la selectividad. Hay sectores de la Justicia que para un lado miran con un ojo tapado y para el otro ponen lupa aun donde no hay que poner, y no digo nada más”.
“En estos tres años ha quedado claro que están en un tembladeral las garantías personales, individuales y constitucionales y el futuro de la Argentina cuando el servicio de justicia tiene la imagen que tiene y los cuestionamientos por esta selectividad”, disparó.
“¿Cómo se construye una nación, una patria, un país con generaciones que no creen en la justicia? Es imposible. Eso de que las leyes son iguales para todos, un anhelo básico de convivencia social, no se está cumpliendo y lo deseables es que esto se reencause social y judicialmente”, opinó.
Sus fueros
Aseguró, en otro tramo de la conversación, que no se amparará en los fueros: “He estado a derecho, me he presentado cuantas veces se me requirió, no he hecho uso de ningún privilegio que podría darme mi condición de legislador y, obviamente, sigo estando a disposición de la justicia porque además estoy muy tranquilo; más allá de las particularidades del accionar de cierto sector de la justicia”, señaló.Dijo además: “Tengo sobrados motivos para hacer una defensa absolutamente solvente, así que no veo la hora de poder sentarme y que esto se resuelva porque es muy desgastante, es muy jodido estar en la parrilla, como se dice”.
La publicidad en tiempos de Báez
El ex funcionario provincial explicó que “hay una acusación por abuso de autoridad por la contratación de publicidad de manera directa, porque se deberían haber realizado licitaciones, lo cual es imposible, no solo en la práctica sino que hay un marco normativo especial para la publicidad”. “Esto ocurre en los municipios, en las provincias y en el Estado Nacional: no van a encontrar un solo antecedente de contratos publicitarios efectuados a través de una licitación”, dijo y agregó: “También se puede discutir el precio y eso tiene sus particularidades porque cada medio, cada producto, cada programa es prácticamente único”.
¿Favoreció al cuñado de Sergio Urribarri?
Negó haber direccionado contratos de publicidad a favor de empresas que se le adjudican a Juan Pablo Aguilera, el cuñado del ex gobernador, y explicó que “no hubo direccionamiento porque se trata de publicidad estática, en la vía pública, y las contrataciones de ese tipo de publicidad se tienen que hacer con las empresas que son propietarias del cartel, no se puede hacer una licitación. Lo que se hizo fue contratar con todos los proveedores que había en la provincia”.Rechazó, del mismo modo, haber contratado a la imprenta de Aguilera: “Yo no imprimía nada, absolutamente nada, ni folleto ni un afiche ni un cartel. Yo lo que contrataba era el espacio en un lugar urbano, en una ruta o en un acceso a un pueblo”.
Se refirió, además, a los controles de cumplimiento de la publicidad, otra de las acusaciones que enfrenta, a partir de la popularización de la fotografía de una vaca frente a un cartel de publicidad en una ruta y que permitió determinar que la empresa prestadora del servicio había presentado en meses consecutivos la misma fotografía, pero con diferentes órdenes de publicidad y el Estado pagaba sin controlar.
“Cuando llegué me entero de cómo eran la contrataciones en vía pública: el Estado contrataba, emitía una orden de publicidad, la empresa prestaba el servicio y al mes siguiente se presentaba en el Ministerio con la factura y la certificación, que era una foto o una serie de fotos que daban cuenta de que el servicio se había prestado”, explicó.
Y prosiguió: “¿Qué ocurre? El que era contratado, el que prestaba el servicio, se controlaba a sí mismo. Consideré que no era correcto y planteé que el control lo hiciera el Estado, como se hace, por ejemplo, en la obra pública, y nombramos a un funcionario del Estado para que hiciera la verificación in situ de la efectiva prestación del servicio. A partir de ahí la certificación que valía era la que el propio Estado hacía a través de ese inspector y no la foto. El error, en todo caso, fue no haberles dicho a los prestadores que no trajeran más esas fotos”, se defendió por último.
Fuente: Página Judicial - Radio Costa Paraná.