La embestida contra los cuatro jueces de la Corte Suprema no esperará. Alberto Fernández obtuvo este martes el respaldo de doce gobernadores – entre ellos Gustavo Bordet- para presentar el pedido de juicio político contra los ministros del máximo tribunal mañana mismo en la cámara de Diputados. El texto con los fundamentos para solicitar las destituciones ya está escrito y firmado. Para los gobernadores más beligerantes, que hoy participaron de una reunión en Casa Rosada, los jueces incurrieron “en la violación de la ley Ética Pública y en el mal desempeño”.
Hubo, sin embargo, dos mandatarios -el sanjuanino Sergio Uñac y el puntano Alberto Rodríguez Saá- que habían acompañado al Presidente cuando recusó a los ministros del máximo tribunal por el fallo que repuso fondos de la coparticipación a la Capital Federal, que esta vez no acompañaron la iniciativa. Hasta ahora, al menos, no firmaron el comunicado que emitió el Gobierno ni el pedido de juicio político.
Según fuentes de la Casa Rosada, Fernández presentará el pedido de juicio político este miércoles en la mesa de entradas de Diputados, para que tome curso en comisión. Pese a que el oficialismo no contaría con los votos en la Cámara baja, cerca del Presidente creen que el proceso, de mínima, obtendría dictamen, ya que la comisión tiene mayoría peronista. Además, se espera que en las próximas horas el Gobierno publique un decreto para convocar a sesiones extraordinarias con un temario amplio, que incluirá este asunto.
En un comunicado, el Gobierno señaló que Fernández y los doce gobernadores firmantes -la mitad de los mandatarios del país- decidieron “impulsar el juicio político contra el presidente de la CSJN, doctor Horacio Rosatti, por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño” y “solicitar que se inicie el proceso de juicio político respecto de Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti”. “Por último, pedimos al bloque del Frente de Todos que impulse el proyecto para que se inicie, lo antes posible, el proceso institucional en el Congreso”, agregaron.
En una escena similar a la que se vivió el 22 de diciembre cuando se conoció el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación de la Ciudad, Fernández recibió al grupo de gobernadores peronistas en el Salón Eva Perón. El objetivo del Presidente era que la mayor cantidad posible lo apoyara en su decisión redoblar la cruzada contra el máximo tribunal e impulsar el juicio político de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
“Consideramos que esta Corte tuvo una manifiesta parcialidad porque los fallos que hemos observado fueron para beneficiar a un sector político. Los argentinos no pueden estar tranquilos con miembros de la Corte que violan la Constitución”, dijo Capitanich en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada.
Además de Capitanich (Chaco), a la sede de gobierno asistieron Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gildo Insfrán (Formosa). Los primeros cuatro fueron los que, en todo momento, pidieron tomar las medidas más extremas. Algunos de ellos, de hecho, ya le habían pedido a Fernández que avanzara con el juicio político en la reunión de diciembre, una idea que recién prendió en el Presidente con el Año Nuevo.
A Rosada también asistieron los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Rubén Dusso (Catamarca). Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Raúl Jalil (Catamarca) -que enviaron a sus segundos- más Gustavo Bordet (Entre Ríos) se conectaron por videoconferencia. El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, suscribió el pedido de juicio político.
El escrito cuestiona el fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de la Ley 26.080 -que redujo de 20 a 13 miembros la integración del Consejo de la Magistratura y restituyó la ley anterior-, así como también al fallo que repuso parte de los fondos de la coparticipación primaria a la administración de Rodríguez Larreta. A la salida de la reunión, los mandatarios provinciales también apuntaron a los presuntos chats del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, -entre ellos, un supuesto intercambio con Silvio Robles, mano derecha de Rosatti- que se filtraron ilegalmente en las últimas horas. “La legitimidad de Rosatti está totalmente en duda. No se puede dejar pasar esto”, dijo Zamora al finalizar la reunión. El gobernador de Santiago del Estero presentó una denuncia penal en su provincia contra Robles y pidió que le secuestraran sus teléfonos.
Presentes y ausentes
La reunión comenzó al mediodía en el Salón Eva Perón del primer piso y finalizó poco antes de las 14. “La Corte avanzó sobre los otros poderes. Nos sentimos damnificados”, dijo Kicillof, que también ofició de vocero al término del encuentro.Participaron, además, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, que, a modo de recepción, alojó en sus oficinas de la planta baja a los mandatarios provinciales a medida que fueron llegando a Balcarce 50. A diferencia del encuentro anterior, no asistieron el vicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra (que tenía unos días de descanso).
Hay gobernadores que no formarán parte de la jugada política del Presidente. Rodríguez Saá, que firmó el anterior comunicado, esta vez no lo hizo. Por ahora no lo convencieron. Uñac, que sí había estado cuando el Presidente convocó por la coparticipación, no asistió a esta segunda reunión. “No está de acuerdo con esta decisión”, dijeron a LA NACION cerca del gobernador.
Uñac resolvió la semana pasada competir en su provincia por un tercer mandato, algo que fue cuestionado por la oposición, que recurrió a la Justicia. El último antecedente de una polémica similar ocurrió en Santiago del Estero, donde Zamora intentó forzar un tercer mandato y la presentación judicial de la oposición terminó en la Corte, que se pronunció en contra.
En la reunión de hoy, en tanto, no estuvo el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien, pese a integrar el Frente de Todos, nunca acompañó la decisión del Presidente de ir contra la Corte. Tampoco acompañó al Gobierno el mandatario cordobés, Juan Schiaretti, ni los cuatro mandatarios de Juntos por el Cambio.
Arabela Carreras, de Río Negro; Omar Gutiérrez, de Neuquén; Gustavo Sáenz, de Salta, y Oscar Herrera Ahuad, de Misiones, no firmaron el pedido de juicio político. Se trata de mandatarios que responden a sellos partidarios provinciales y que solo se alinean en algunas medidas con el Gobierno. En la reunión anterior habían redactado un comunicado propio, en el que fueron muy críticos del fallo de la Corte por la coparticipación.
Fuente: Presidencia de la Nación - La Nación