Juan José Canosa, que presidió el Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer) entre 2007 y 2015, pidió a la Justicia que dicte su sobreseimiento en la causa por enriquecimiento ilícito que se abrió en su contra en 2016.
“Que concluya esto”
“Pasaron ocho años de la investigación. ¿Cuánto más tengo que esperar? Me voy a morir. Se ven afectados mis hijas, mi familia, mis amigos. La persecución que han hecho sobre mi persona no tiene nombre. Y es muy difícil que alguien entienda lo que sucede. Pido justicia, que concluya esto, por favor, por criterio de humanidad, y porque hay fallos que avalan lo que pido”.De ese modo, Canosa se dirigió al juez de juicio Gervasio Pablo Labriola, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, que este viernes escuchó los argumentos suyos y de su defensor, Miguel Cullen, para que se dicte el sobreseimiento en la causa por enriquecimiento que lo tiene involucrado al exfuncionario público y también a su esposa, la defensora pública Paula Montefiori.
Rechazo a fines de 2023
El 21 de diciembre último, la jueza de Garantías Marina Barbagelata rechazó la petición de sobreseimiento, pero a la vez concluyó que se agotó el tiempo para que la Fiscalía lo siga investigando a Canosa y a su patrimonio. Barbagelata le otorgó 40 días a Fiscalía para que resuelva si lo sobresee o eleva la causa a juicio. Como esa resolución de la magistrada está recurrida por la defensa, el juez Labriola prohibió a las partes realizar actos procesales en el ínterin hasta que no haya resolución de su parte.Canosa historió el derrotero de la causa en su contra. “Cuando esto empezó, mis dos hijas menores estaban en jardín de infantes. Mi hija mayor, en primaria. Año 2015. Dejé Sidecreer en 2015. La barbaridad que se ha hecho es inconmensurable”, calificó y amplió: “por más que no haya prisión, ni embargos, la condena que yo vengo sufriendo desde 2015 no tiene nombre”.
El argumento de la condena social
“Ni hablar del castigo de los medios, no de todos, pero de muchos de ellos, que permanentemente me tienen en la parrilla varias veces al año. Eso es condena social”, sostuvo el exfuncionario.Dijo que vive de su profesión: “Trabajo hace 8 años con (el abogado Raúl) Barrandeguy. En su estudio. Me da hasta vergüenza firmar escritos, porque el cliente puede pensar que soy un delincuente, por más posgrados que haya hecho. Y colaboro con otros estudios, como el del doctor (Miguel) Cullen. Y yo sigo con esta condena social. Lo que pedimos es ajustado a Derecho, ajustado a humanidad. Mis hijas ya están en la Universidad, y yo sigo en esta instancia”.
Cuestionó el trabajo de los fiscales que hasta 2023 estuvieron al frente de la causa, Juan Malvasio y Santiago Brugo (hoy vocales del Tribunal de Juicios y Apelaciones) por haber demorado la investigación en su contra. “No les dio el piné para semejante movida”, aseveró.
“No hay otra salida que el sobreseimiento”
Detalló el derrotero de la causa en su contra: “El 5 de octubre de 2017 los bancos dijeron que habían mandado toda la información solicitada por Fiscalía, información que se volvió a pedir en 2022. En esa fecha se paralizó la actividad procesal durante 5 meses, hasta 17 de febrero de 2018. Hubo reiteración de medidas. Pasó hasta el 11 de junio de 2018. Nuevamente detenida hasta el 15 de febrero de 2019. Ocho meses más. Desde el 18 de diciembre de 2019 hasta el 24 de febrero de 2021. Y desde 1º de octubre de 2021 hasta noviembre de 2022 cuando se presentó pericia. Y desde noviembre de 2022 pasó un año más sin actividad procesal y se nos llamó a indagatoria. Hubo 3 años y 3 meses de paralización absoluta. El Estado se desentendió de la investigación”.“Después de 8 años, el Poder Judicial me tiene que escuchar. Vengo a pedir basta. No hay otra salida que el sobreseimiento. No hay forma de recuperar prueba que no se pidió en su momento”, planteó.
Luego, hizo una comparación: “Si me hubieran condenado, ya estaría libre y trabajando en mi profesión. Son ocho años de investigación judicial. ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar?”. Al final, planteó: “En nombre de la justicia, solicito mi sobreseimiento. Y de mi compañera de vida, Paula Montefiori”.
La petición de Canosa fue avalada por su defensor, Miguel Cullen, que ejerce la tarea junto a Raúl Barrandeguy, y avalada por Andrés Bacigaluppo, defensor de su pareja, Paula Montefiori.
El planteo de las defensas fue rechazado por el fiscal Gonzalo Badano, que pidió que se confirme el rechazo al sobreseimiento.
La causa en la que se lo condenó
En un fallo unánime del 12 de septiembre de 2018, la Justicia condenó al extitular de Sidecreer a la pena de 3 años de cumplimiento condicional, más la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La Fiscalía había pedido 5 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.Canosa fue hallado culpable del delito de negociaciones incompatibles de la función pública al beneficiar a empresas ligadas a familiares y a amigos en las contrataciones que hizo durante su gestión al frente de Sidecreer, entre 2007 y 2015.
El tribunal dio por probado el rango de funcionario público de Canosa mientras estuvo al frente de Sidecreer, una característica que la defensa del condenado negó de modo cerrado, y que la empresa, aún cuando está regulada por la legislación comercial privada, es una empresa con base estatal ya que sus dos socios son el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafa) y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser). En ese carácter, se le pudo achacar el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
La sentencia fue apelada por los abogados de Canosa, Raúl Barrandeguy y José Candelario Pérez, y la Cámara de Casación Penal de Paraná la confirmó el 12 de diciembre de 2019.
El 9 de febrero de 2021, los vocales de la Sala Penal del STJ, Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio y Martín Carbonell, rechazaron el recurso de apelación de la defensa de Canosa, avalando las resoluciones de Casación y, por ende, la condena de primera instancia.
Ante esta decisión, los defensores del exfuncionario interpusieron un recurso extraordinario federal, pero este 14 de junio la Sala Penal del STJ le denegó el camino a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Fuente: Entre Ríos Ahora.